Empresarios de zonas francas y del sector turismo manifestaron su preocupación por la eliminación del nuevo régimen de contratación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por un fallo de la Sala Constitucional, dado a conocer este 5 de diciembre.
Para la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), el régimen autónomo de servicio del INA, creado en el 2021, cumplía un papel fundamental en la agilización de los procesos de contratación de personal.
Además, consideraron, fortalecía la colaboración entre el Instituto y las 461 empresas de las zonas francas que actualmente operan bajo este régimen en Costa Rica, generan más de 221.000 empleos entre directos e indirectos, encadenamientos productivos, aumento de exportaciones e importantes aportes económicos a entes como el INA.
“Es esencial que el INA cuente con las herramientas adecuadas para adaptarse a las demandas específicas de este sector y pueda seguir siendo un facilitador eficaz en la contratación de personal”, expresó Carlos Wong, presidente de la Asociación.
Por esa razón, Azofras solicitó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa “tomar las acciones inmediatas que sean necesarias para remediar el vacío legal que se está generando como resultado de esta sentencia”.
‘Papel crucial’
En igual sentido se pronunció la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), según la cual, el artículo 24 de la Ley Orgánica del INA, que fue anulado, desempeñaba un papel crucial en contrataciones para ofrecer servicios, cursos y programas acordes a las demandas laborales actuales.
“Resulta imprescindible seguir manteniendo una conexión ágil y sencilla entre el INA y el sector turismo, donde cada vez más las personas encuentran en este sector desarrollo y empleo”, dijo el presidente de Canatur, Rubén Acón.
Los magistrados argumentaron que el Instituto, según su ley de creación, es una institución pública y por ello las relaciones de empleo con los trabajadores deben regirse por los principios que regentan el Servicio Civil y no por un régimen autónomo.
De acuerdo con el Instituto, la decisión afecta a más de 1.600 funcionarios y pone “una camisa de fuerza” ya que les resta capacidad para garantizar oportunidades a las personas que buscan opciones de formación y capacitación.