La Universidad Cristiana del Sur suspendió el periodo de matrícula para el tercer cuatrimestre del año, que había anunciado la semana pasada, en virtud de que el Conesup cerró ese centro de estudios durante un año, a partir del 1.° de setiembre.
"Nuestra casa de enseñanza ha sido víctima de un procedimiento plagado de vicios que a todas luces refleja un acto de mala fe por parte de la Administración. Hemos acudido a todas las instancias que en derecho corresponde y, de producirse alguna resolución positiva, la haremos pública inmediatamente a efectos de reanudar nuestro proceso de matrícula y nuestro próximo periodo cuatrimestral", explicó la Universidad a sus seguidores en redes sociales.
En junio del 2017, el Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup) tomó el acuerdo de cerrar por un año la Universidad, fundada por el exdiputado Justo Orozco, por aceptar estudiantes sin el título de bachillerato y contratar profesores sin estar incorporados al colegio correspondiente.
A pesar de esa resolución, el 25 de agosto las autoridades de ese centro desobedecieron al Conesup e hicieron la convocatoria en redes sociales, allí anunciaban de que la matrícula estaba abierta para el cuatrimestre que recién comienza. Este lunes decidieron echar marcha atrás a la decisión.
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Mario Sanabria, director del Conesup, había advertido a los estudiantes de que si matriculaban entre setiembre del 2017 y setiembre del 2018 en esa universidad, iban a perder tiempo y dinero, porque los cursos ganados en ese periodo no serían válidos.
Anomalías
El departamento de Inscripción de Títulos del Conesup fue el responsable de la investigación que detectó las anomalías en la Universidad Cristiana del Sur. Según la pesquisa, cinco docentes en ese centro impartieron asignaturas en la carrera de Derecho sin estar incorporados al Colegio de Abogados, pues ni siquiera son profesionales en esa área.
Además, tres estudiantes ingresaron a la Universidad sin tener el título de bachillerato de secundaria (entre ellos el diputado Óscar López, quien llevó 16 materias en Derecho), y otros seis se matricularon con un diploma falso, caso que el Conesup recomendó trasladar a la Fiscalía.
El Conesup también señaló que esa Universidad no contaba con biblioteca ni laboratorio de cómputo; además, alquila las aulas en las instalaciones del Liceo Édgar Cervantes Villalta, en Hatillo.
En el 2012, la Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó la Universidad Cristiana del Sur por la supuesta emisión de títulos falsos.
La denuncia fue interpuesta por el Colegio de Abogados, que señaló la aparente emisión de títulos a personas que no cumplían con los requisitos académicos y que en ocasiones no asistían a los cursos.
Según el Colegio, la emisión de esos certificados se realizó en carreras de Derecho, Administración y Teología. La Fiscalía investigó también si la Universidad recibía pagos de ¢500.000 a cambio de los títulos.
Recientemente, la Universidad Cristiana del Sur también fue noticia porque solo 62 de sus graduados de Derecho, de 401 postulados, aprobaron el examen de incorporación al Colegio de Abogados.
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La acción más fuerte en 36 años
El Conesup es un órgano adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP) con la función de regular y fiscalizar las universidades privadas.
Se creó el 21 de diciembre de 1981. En los 36 años que tiene de operar, esta es la primera vez que cierra un centro de enseñanza.
Hasta ahora, las sanciones más graves impuestas fueron llamadas de atención por escrito cuando alguna universidad incumplía con requisitos.
Para el 2015, las faltas más recurrentes consistían en la entrega de títulos de forma irregular y la apertura de sedes sin autorización, según informó la entidad.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se estudia un proyecto de ley para reformar al Conesup, con el fin de que la entidad pueda exigir altos estándares de calidad a las universidades, así como para darle la potestad de autorizar los montos de matrícula y los cobros que realizan por derechos y trámites.
En este momento, el Consejo lo conforman Sonia Marta Mora, ministra de Educación, así como representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), los colegios profesionales, las universidades privadas, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y un director ejecutivo.