El Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad calificó como “deplorables, deshumanizadas, discriminatorias e ignorantes” las explicaciones que dio la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, por la exclusión de los estudiantes con discapacidad de las pruebas nacionales estandarizadas.
Durante la interpelación de Müller, el pasado martes en la Asamblea Legislativa, los diputados cuestionaron las razones de esa decisión, asegurándole que violentó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, número 7.600.
“Aquí hay una equivocación. Hay dos tipos de prueba para personas con apoyo educativo. En el caso de (apoyo) no significativo, ellos sí hacen la prueba, personas con problemas de visión, etc.; los (de apoyo) significativo, lo que hacen es una prueba comprensiva de cierre de ciclo, hecha por el docente”, declaró la jerarca ante el plenario legislativo.
Ante esa respuesta, la frenteamplista Rocío Alfaro afirmó que la cartera educativa incurría en discriminación.
“¿Cómo que discriminación? Todo lo contrario, no es discriminación. Es que discriminación es haberlos incluido si no podían hacer esa prueba”, insistió la jerarca del MEP.
Motivados por ese criterio, el Movimiento solicitó la renuncia de Müller, pues alegan que sus declaraciones “evidencian una clara violación y retroceso de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad que están amparados en Tratados Internacionales Constitución Política y demás normativa”.
“Una persona que discrimina y que incumple las leyes no debe ni puede estar en un cargo público”, insistió el grupo en un comunicado.
Además, expusieron varios puntos que respaldan que las personas con discapacidad debían estar incluidas en las pruebas.
- La Constitución Política en su art. N°51 indica: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad”.
- El art. N°24 de la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) indica: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.
- Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.
Durante la interpelación, al menos dos legisladores también le pidieron apartarse del cargo. No obstante, la ministra fue clara en que ella no renunciaría.
“Me voy a mantener firme, el único que me puede pedir la renuncia es el señor presidente. Vamos a seguir”, expresó.