Ministerio de Salud gira orden sanitaria al Conservatorio de Castella tras denuncia de Gustavo Rojas

Luego de gestión del presidente de la Fundación Castella, Salud realizó la inspección. Junta Administrativa asegura que cumplirán disposiciones

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El Ministerio de Salud notificó este martes a la Junta Educativa del Conservatorio de Castella una orden sanitaria por la condición de las instalaciones del centro educativo, ubicado en Ulloa de Heredia.

La medida se tomó por una denuncia presentada por Gustavo Rojas Antillón, presidente de la Fundación Castella, según informó Ingrid Vargas, quien dirige la Junta Administrativa de la institución.

Vargas señaló que el mismo correo enviado por Salud indicaba que debido a la gestión de Rojas, funcionarios del Ministerio acudieron a realizar una inspección en el Conservatorio y a emitir la orden correspondiente.

De acuerdo con la presidenta de la Junta, esta denuncia se suma a otras presentadas en forma anónima el año pasado contra las instalaciones del centro educativo y el teatro, ante el Ministerio de Salud y las municipalidades correspondientes (Heredia y San José).

“Como Junta Administrativa, haremos todo lo posible para que los estudiantes no se vean afectados en sus lecciones y cumpliremos con las disposiciones que nos indiquen las autoridades de salud”, dijo Vargas.

La representante añadió que también trabajan para recuperar el Teatro Castella, ubicado en Sabana Norte, San José, propiedad que fue vendida por la Fundación Castella en $3,5 millones, según trascendió el viernes anterior.

La Nación solicitó una declaración a Rojas sobre la denuncia interpuesta en Salud, pero no se recibió respuesta.

Sin intervención de MEP

El estado de las instalaciones del Conservatorio de Castella también fueron objeto de discusión el año pasado, cuando en mayo, el Ministerio de Educación (MEP) informó de que buscaba cómo “intervenir la situación de infraestructura” del centro educativo.

Según dijo en aquel momento la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, el interés nació de la necesidad de “darle un espacio seguro y digno a los estudiantes”. No obstante, aclaró, como los terrenos eran privados, el Ministerio estaba impedido por ley de hacer cualquier tipo de inversión ahí.

Un mes después, en junio de 2023, Ingrid Vargas aseguró a este diario que el colegio no estaba en mal estado, como ya lo había indicado Gustavo Rojas, en varias ocasiones.

“Esta infraestructura no se está cayendo, no es cierto; el colegio no se está cayendo, los aportes de los padres están aquí todos los días”, dijo la presidenta de la Junta durante un recorrido por las instalaciones.