Un juez no consideró que hubo delito alguno en el caso de los diez estudiantes becados de la Universidad Creativa que debían realizar trabajos domésticos y misceláneos en las residencias de tres de los dueños de esa casa de estudio superior para estar exonerados de los pagos por la carrera.
Así lo informó Tatiana Vargas, de la oficina de prensa de la Fiscalía, quien dijo que a la propietaria de la universidad, de apellido Madrigal, se le acusó por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.
"La Fiscalía presentó todas las pruebas y realizó la acusación. Una vez que el fiscal decide acusar, tiene que someter el expediente a un 'examen' de un juez penal de la etapa intermedia. Ese juez penal, después de varios meses de análisis, en lugar de darle apertura al juicio como se pretendía, dictó un sobreseimiento por atipicidad. Consideró que la acusación de la Fiscalía no era un delito", expresó Vargas.
Vargas explicó que la Fiscalía va a apelar ante un tribunal la decisión del juez. También van a presentar una actividad procesal defectuosa alegando que el plazo que uso el juez penal para dictar la resolución fue excesivo.
En enero del 2012, los medios de comunicación dieron a conocer el caso en el que los estudiantes denunciaban que debían barrer, limpiar pisos y tener los baños limpios para mantener su beca.