De las 902 becas previstas para jóvenes en programas de educación dual, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) solo otorgó 86, lo que representa un cumplimiento del 9,5% en 2022.
Este es uno de los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) para el periodo que va del 1.° de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023. El estudio fue divulgado este jueves 9 de noviembre.
De acuerdo con el análisis, aunque el Instituto tenía ¢1.468 millones destinados para ese propósito, únicamente utilizó ¢84 millones, con los que logró una ejecución del 5,7%.
Por lo tanto, la CGR concluye que hay brechas en el cumplimiento del fin para el cual fue creado el Fondo de Becas para la Educación y Formación Técnica Dual, establecido por la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, de octubre de 2019.
Según esa normativa, la educación dual permite al estudiante prepararse en dos ámbitos; en un centro educativo y en una empresa formadora.
“Tiene como propósito generar procesos de aprendizaje de calidad que faciliten a las personas una formación integral a lo largo de toda la vida y permitan la adecuada transición al mercado de trabajo, considerando los requerimientos de los sectores sociales y productivos del país”, precisa el artículo 2 de la ley.
El Fondo se creó para llevar ayudas económicas a estudiantes matriculados en esa modalidad.
Las autoridades del INA fueron informadas oficialmente de los resultados del estudio de la Contraloría en setiembre. La Nación envió consultas la mañana de este jueves al Instituto pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.
El fondo de becas
Según la auditoría, el Fondo se alimenta con un aporte del 1% del presupuesto ordinario anual de la institución, que deberá ser tomado del superávit acumulado; en caso de no existir superávit, se tomará de los ingresos anuales del Instituto. Además, las empresas participantes del programa de formación dual, deberán aportar un monto de ¢120.000 mensuales (¢134.725 actualmente) por cada estudiante.
De acuerdo con la CGR, desde 2021 se han presupuestado recursos para ese Fondo, aunque hasta 2022 comenzó la ejecución, que además fue mínima (el 5,7%). Así de los ¢1.468 millones previstos, quedaron sin utilizar ¢1.384 millones, que se incorporaron al superávit libre de la entidad.
Además del escaso aprovechamiento, la CGR reprochó que la institución carece de procedimientos y lineamientos que regulen la gestión financiera de ese Fondo, como se dispone en el Reglamento General de Apoyos Económicos para el bienestar estudiantil.
Además, señaló que no se han emitido estados financieros del Fondo, ni revelaciones que permitan rendir cuentas sobre la naturaleza y ejecución de los aportes y recursos administrados bajo esa figura.