La Contraloría General de la República negó el refrendo al convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para mejorar la infraestructura educativa.
Dicho contrato, suscrito por un monto de $32,7 millones, fue rechazado debido a que el MEP no dispone del contenido presupuestario para cubrirlo.
El faltante de dinero obedece a que el MEP asignó los fondos que debía desembolsar a la Unops a una subpartida para Juntas de Educación que se encontraba dentro del presupuesto del Programa de Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo.
Desde ese programa no podían ser transferidos a la Unops sin antes contar con el refrendo de la Contraloría, al tiempo que el ente contralor no podía avalar dicho convenio sin que se certificaran los montos debidamente asignados.
Así lo detalló la Contraloría en el informe DCA-0787, donde especifica que toda solicitud de refrendo que se remita a esta entidad debe cumplir, entre otros requisitos, con una certificación de contenido presupuestario por medio de la cual se indique la existencia de recursos económicos en el presupuesto de la institución.
También debe indicar que se encuentran debidamente separados y disponibles para cubrir el gasto que la respectiva contratación demande.
El acuerdo entre el MEP y Unops establecía que el Ministerio debería cumplir con un cronograma de desembolsos para cubrir el costo de los servicios que brindaría dicha oficina.
De esta forma, tras el refrendo de la Contraloría debía darse un depósito inicial por un monto de $12,5 millones, seis meses después otro por $10 millones, otros seis meses después $5,5 millones y al cumplirse 18 meses del refrendo, $4,7 millones.
Ante esto, la Contraloría solicitó certificar que se contaba con el presupuesto para cubrir los ¢22,5 millones correspondientes a los primeros dos desembolsos, los cuales debían darse este mismo año en caso de que se aprobara el refrendo.
En una primera respuesta, el MEP aportó una certificación en la que se indicaba que los recursos económicos se encontraban disponibles dentro del Programa de Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo, y luego argumentó que los fondos formaban parte de una subpartida para Juntas de Educación y Administrativas dentro de ese presupuesto.
Entre otras cosas, el ente Contralor también le cuestionó al MEP cómo serían utilizados los fondos para cubrir el contrato con Unops si la subpartida podría tener un uso previamente determinado, además de que no se establecían los mecanismos para el traslado de los fondos desde las Juntas a la Unops.
La justificación del MEP en este punto fue que no era posible presupuestar recursos con más de un año de antelación, pues se tenía "poca certeza" sobre las definiciones del convenio con Unops en el momento que se asignaron las subpartidas.
Según dijeron, ese error se subsanaría con el anteproyecto de presupuesto 2017, donde además se tomó la decisión de que, si bien es cierto que la subpartida en la que se encuentran los recursos no permitiría la transferencia a Unops, en caso de ser necesario se podría realizar un traslado de partidas a nivel interno (Ministerio de Hacienda-MEP), para brindar contenido económico a la subpartida correcta, pero para esto se debía contar primero con el refrendo.
Por esta razón, la Contraloría concluyó que aunque existe el contenido presupuestario, dicho dinero no puede ser utilizado para los pagos que establece el cronograma de desembolsos definido, pues están en una subpartida desde donde no se pueden realizar las transferencias a la Unops, pues está asignada a otro destino, que son las juntas de educación.
"No resulta de recibo el argumento del MEP, en cuanto a que posterior al otorgamiento del refrendo se trasladarían los fondos a la subpartida respectiva, en tanto no podría otorgarse el refrendo sin contar con el contenido económico necesario", puntualiza el informe.
Recursos sin uso
En contraste, dos informes recientes evidenciaron que este no es el único problema por manejo de presupuesto que enfrenta el MEP para realizar mejoras en centros educativos.
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En febrero pasado, el Banco Nacional confirmó que el dinero del fideicomiso educativo del MEP, aprobado en 2013 para construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas, no va a alcanzar.
A esa fecha el MEP solo había ejecutado 4%, es decir, $6,7 millones (unos ¢3.758 millones) de los $167,5 millones (¢94.000 millones).
Además, un informe del MEP detalló que a marzo del 2017 se le habían girado a las Juntas Educativas ¢269.000 millones. Casi la mitad de todos esos fondos (¢133.000 millones) se encontraban sin uso al tercer mes del presente año.
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