Para "reconocer la calidad educativa y aumentar los niveles de equidad en el sistema", el Ministerio de Educación Pública (MEP) evalúa ofrecer a los docentes "incentivos no financieros", los cuales serían adicionales a los que ya reciben como sobresueldos.
Capacitaciones, pasantías están entre los estímulos que se evalúan, según explicó Marco Fallas Díaz, viceministro administrativo del MEP.
También, valoran crear una réplica del premio Mauro Fernández, que ofrece el MEP al docente que haya destacado por la excelencia en su desempeño profesional, el cual les otorgaría un año sabático y el reconocimicento como tal.
La intención, dijo Fallas, es buscar a docentes que destaquen por gestiones específicas para que puedan desarrollar sus capacidades en las labores que desempeñan.
Precisamente, el VI Informe del Estado de la Educación, dado a conocer en agosto, lo mismo que el V Informe, publicado en 2015, recomendaron al MEP apelar a factores no financieros para el diseño de un nuevo programa de incentivos y recargos a la educación y vincularlos con resultados.
La diferencia es que la recomendación se dio, entre otras razones, en consideración al contexto fiscal restrictivo del MEP y, en este caso, estos incentivos no financieros serían adicionales a los que actualmente paga la institución, no sustitutos.
Para Isabel Román, directora del Estado de la Educación, el país ha esperado mucho para incluir incentivos no financieros de apoyo a los docentes.
"Los otros paises han avanzado a incentivos no necesariamente monetarios, por ejemplo, mandar al docente a hacer una pasantía, un incentivo en libros, en un curso que esté interesado, una investigación que quiera hacer. Son incentivos no monetarios que los docentes agradecen", explicó la investigadora.
Cada año, entre recargos e incentivos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) destina un monto de ¢447.000 millones, cifra que corresponde al 35% del gasto por remuneraciones.
Actualmente, el MEP paga 50 tipos de recargos, por los que se llega a pagar hasta un 50% adicional del salario base.
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Entre los recargos a los docentes se incluyen impartir lecciones de 60 minutos (al que se destinan ¢15.000 millones al año); participar en comités de evaluación (¢4.000 millones); trabajar en un aula virtual (¢53 millones); ser promotor deportivo (¢52 millones) o hacer labores administrativas en la dirección (¢1.720 millones).
Además, se cancela un monto adicional por laborar en escuela laboratorio (¢311 millones) o coordinar alguna sede de educación abierta (¢527 millones), entre otros.
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A esos recargos hay que sumar incentivos como zonaje, que se da a los trabajadores que prestan servicios en áreas calificadas como "incómodas o insalubres; así como la calidad de su desempeño (anualidad) y el Índice de Desarrollo Social (IDS) que compensa a los maestros que laboran en zonas más pobres.
El pago de anualidades cuesta unos ¢139.000 millones por año al Ministerio de Educación; el zonaje ¢6.500 millones y el IDS ¢27.700 millones.
Adicionalmente, el Ministerio, junto con los sindicatos, negocian el pago de otro incentivo por "peligrosidad" a los docentes por trabajar en zonas con riesgo de desastre, dengue o crímenes, o que tienen embarazo adolescente, por ejemplo.
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El VI Informe del Estado de la Educación criticó que los incentivos y recargos que el MEP paga a sus docentes representan un gasto de muchos millones para el MEP, pero no se traducen en mejoras de la calidad de la educación ya que están desligados de cualquier medición del desempeño.
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En agosto, también la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó una revisión de la manera en que se utilizan los recursos en educación, pues considera que la alta inversión del Estado en el sector no se refleja en la calidad de la educación