“En el primer lugar que me reubicaron estuve cinco días sentado en una silla sosteniendo el marco de una puerta. Solicité que me pasaran a una escuela, ahí aproveché que no tenía nada que hacer y propuse realizar una investigación para cumplir el horario de 7 a. m. a 3 p. m.”.
Así relató Rubén Salas, director en propiedad del Colegio Técnico Profesional de Heredia, algunas de las labores que ha realizado en la oficina del circuito 05 de Heredia y luego en la Escuela Pedro María Badilla, en San Rafael de Heredia, después de que el 11 de mayo lo reubicaran al surgir un conflicto en el centro educativo que dirigía desde 1993.
La reubicación ocurrió cuatro días después de que los estudiantes cerraran los portones del colegio y no le permitieran el ingreso a Salas. Al parecer, denuncias realizadas por el director sobre la gestión de la junta administrativa habrían motivado las molestias.
Salas forma parte de los 163 funcionarios del MEP que no ejercen sus funciones porque, al ser parte de una investigación interna, fueron reubicados en labores administrativas. Tales investigaciones se desarrollan por supuestos conflictos con otros empleados o estudiantes, o debido a un procedimiento disciplinario.
De esos 163 funcionarios, 120 son docentes, 31 directores y 12 administrativos. Los sueldos de todos estos trabajadores que no están en sus puestos le cuestan al Ministerio de Educación Pública (MEP) ¢2.845 millones al año. La suma no contempla el salario que se le paga a sus sustitutos.
“Somos los vagos mejor pagados del MEP. En el documento que el MEP entrega de las funciones que uno debería realizar, dicen que uno es casi el ministro de Educación, por todas las labores que supuestamente tiene a cargo. En la práctica, el personal de los lugares donde a uno lo mandan no saben qué hacer con uno”, contó Salas, quien devenga un salario de ¢2,3 millones al mes.
Según la versión del MEP, cuando un director o docente es sujeto de reubicación queda impedido para impartir lecciones o estar al frente de otro centro educativo, función para la que el funcionario fue contratado inicialmente.
Por esa razón, no tienen más salida que enviarlos a oficinas de direcciones regionales o supervisiones a colaborar. El problema, según algunos de los afectados, es que en esas dependencias no saben qué labores asignarles.
Al respecto, el Ministerio alega que los supervisores deben ser los encargados de darles funciones porque en esas oficinas siempre hay mucho trabajo pendiente.
La situación que vive el director Rubén Salas contradice esa versión. Él pide al MEP que lo reinstale en su puesto porque cree que su reubicación “esta viciada”.
Luis Ángel Hernández, director de la escuela Pedro María Badilla donde actualmente se encuentra reubicado Salas, dice que a veces lo pone a ayudar a la bibliotecaria.
“No tengo una especificación de qué ponerlo a hacer. A veces lo pongo a hacer cosillas. En su tiempo libre, él se pone a redactar la investigación, pero no tiene ninguna responsabilidad”, dijo.
Hernández advirtió, sin embargo, que a partir del 1.° de julio no puede recibirlo más, pues ya tiene en su escuela otros seis funcionarios reubicados, por razones de salud, a los que también les debe asignar tareas.
"Me dedico a barrer y limpiar"
Ana Rodríguez devenga por mes ¢1,9 millones en el cargo de directora del Colegio Unidad Pedagógica República de México, en San José.
Sin embargo, como no tiene “nada que hacer” en la Oficina de Supervisión del Circuito 01 del MEP en la que fue reubicada, últimamente se dedica a limpiar, barrer, acomodar cajas, lavar platos y cualquier otra tarea que resulte necesaria.
Desde noviembre de 2013 a la fecha, Rodríguez ha sido reubicada en varias ocasiones debido a que estudiantes y profesores del Colegio México no la dejan estar al frente de la dirección. Esto sucede a pesar de que el MEP determinó que no existe conflicto y le ordenó a la directora regresar al centro educativo.
“La primera reubicación fue en la Oficina de la Supervisión del Circuito 02, en San José. Allí pasé tres días sentada en un sillón, leyendo un libro, como la más estúpida. Los de ese Circuito no sabían qué ponerme a hacer”, explicó Rodríguez.
La funcionaria afirma que el disgusto de los docentes en su colegio surgió tras denunciar aparentes irregularidades que comenzó a ver desde su ingreso en el 2011. La funcionaria reportó, entre otros, llegadas tardías y que un docente ejercía otra profesión en horas pagadas por el MEP.
Por eso, dice ella, los educadores y alumnos le cerraron los portones de la institución y exigieron su salida. La acusaron de malos tratos e irrespeto.
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“En 2014 estuve incapacitada. En 2015, me reubican en la Oficina de la Supervisión del Circuito 01 de la Dirección Regional sur-norte del MEP, en donde me dediqué a hacer trabajos de oficinista y limpieza. A finales del 2015, el MEP me absuelve de todo lo que me estaban acusando y declara inexistencia de conflicto y me ordena regresar a mis labores”, contó.
Pese al resultado de la investigación del MEP, al volver a tomar su cargo en febrero, los profesores volvieron a protestar en la calle en su contra. La respuesta del Ministerio fue abrir un expediente y ordenar una nueva reubicación.
Fue entonces cuando Rodríguez fue a dar nuevamente a la Oficina del Circuito 01, donde solo hay dos computadoras. Esos equipos están asignadas al supervisor y la asistente. Pese a esas circunstancias, aparte de Rodríguez, hay cuatro personas más reubicadas en esa oficina, unas por salud y otras por conflicto.
“Ella limpia por gusto propio. En la práctica, ella atiende al público y recolecta información; está dispuesta a colaborar en lo que uno necesite. A los reubicados se les asignan tareas, pero ninguna responsabilidad”, comentó Grettel Marín, asistente del Circuito 01.
"La reubicación es una posibilidad 'excepcionalísima'”
La medida de reubicación en el MEP se aplica para investigaciones por conflicto, en casos de procedimientos disciplinarios y por razones de salud.
De acuerdo con Zeidy Palma, jefa del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, la reubicación es una posibilidad “excepcionalísima”, que no ocurre ante cualquier falta disciplinaria o conflicto.
La funcionaria, sin embargo, reconoció que prevalece el derecho a la educación, por lo que responden ante cualquier afectación al servicio. En algunas ocasiones, añadió, hay presión de los medios de comunicación para que el Ministerio actúe ante el cierre de una escuela o colegio.
Esa respuesta implica reubicar a un docente o director. Con frecuencia, dijo Palma, la motivación en caso de conflicto es sencillamente que el funcionario no es querido en la institución, como ocurre con la directora Ana Rodríguez.
“Por lo menos el MEP da la opción de que los reubicados brinden un servicio administrativo. La otra opción sería la suspensión con goce de salario, pero eso sería premiarlos”, expresó.
Para poder tomar medidas más drásticas, como un despido, es necesario un proceso que toma hasta tres años.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), dijo que esa organización “siempre va a estar al lado de los derechos de los trabajadores”.
“Yo no sé dónde los reubica el Ministerio. Si los pone a pintar una ventana es cosa del MEP, no mía”, declaró el sindicalista.
Por su parte, el viceministro de Trabajo, Hárold Villegas, explicó que si existe una denuncia contra un funcionario, lo que corresponde es que se le reubique mientras se investiga, pero en funciones similares a las que hacía antes.
"Uno como profesional se siente denigrado"
Luis Fernando Varela, director propietario del Conservatorio Castella, en Heredia, es quien lleva más años en el proceso de reubicación. Él fue reubicado en el 2009 por un supuesto conflicto en ese centro educativo.
En los primeros años de la medida, Varela se desempeñó como representante la Dirección Regional, miembro de la Comisión Regional de Emergencias y asesor del director regional.
Sin embargo, a partir del 2014, lo reubicaron en una oficina de asesoría de música en la cual lo mandan a hacer informes, pero sin tener ni computadora.
“El MEP lleva siete años investigando mi caso. Una vez, como no tenía computadora, me dijeron que hiciera un informe a mano, pero no tenía ni hojas. No nos dan equipo para trabajar. Uno como profesional se siente denigrado”, expresó Varela, quien pide al MEP que le haga justicia.
Según el Ministerio, el caso de este trabajador es más difícil porque él es director de un colegio artístico y en Heredia no existe otro colegio de esa categoría.
Zeidy Palma aseguró que, precisamente, el próximo mes, el MEP comenzará un trabajo de seguimiento para determinar quiénes están reubicados, qué funciones desempeñan y qué plan remedial han tenido.
‘Me sentaba en una silla todo el día sin hacer nada’
A Margarita Ortega, quien fungía como directora del Colegio Técnico Profesional de Sardinal de Guanacaste, la reubicaron en el 2013 en la Dirección Regional de Santa Cruz, donde cuenta que pasó varios días sentada en la sala de espera cumpliendo horario.
La reubicación, según Ortega, se dio porque "no tuvo química" con la nueva supervisora que llegó a su circuito educativo.
Esa situación, supuestamente, dio origen a las molestias suscitadas entre docentes y alumnos, quienes le impidieron el ingreso a la institución.
Transcurrido un mes de aquel incidente, la funcionaria fue reubicada por conflicto en las oficinas de la Dirección Regional de Santa Cruz.
"El director regional me dijo que allí no me podía tener. Lo que hacía era cumplir horario, firmaba un documento y me sentaba en una silla en la sala de espera todo el día, sin hacer nada. Estuve así casi un año así... eso es denigrante", manifestó la funcionaria, quien devenga un sueldo de ¢2 millones al mes.
Luego de estar en la Dirección Regional fue trasladada a la Escuela Paso Tempisque, donde enviaba y recibía documentos. Después, la movieron a trabajar por las noches en el Centro Integrado de la Educación para Jóvenes y Adultos (Cindea), ubicado en Playas de Coco.
"Allí me sentaba en una sillita a darle apoyo a la coordinadora y a la secretaria ", relató.
Durante todo el 2015, la directora estuvo laborando en el Cindea de Santa Cruz, donde contestaba el teléfono, entregaba documentos a la Regional o, afirmó ella, "no hacía nada".
"Metí un recurso de amparo para que me quitaran la reubicación y me devolvieran a mi colegio. Lo gané, pero parcialmente. Me quitaron la propiedad de ese colegio y me nombraron en otro a partir del 2016", contó.