Certificaciones del Ministerio de Educación Pública, constancias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), certificados del Poder Judicial, entre otras requisitos, exige el Fonabe a los usuarios para poder solicitar una beca.
Es por esto que la Defensoría de los Habitantes intervino para que la institución facilite a los estudiantes el acceso a los requisitos necesarios.
Esa entidad considera que el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) incumple lo estipulado en la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220). Esta ley dispone, entre otras cosas, que cualquier entidad pública que requiera constancias, certificaciones u otras para un trámite, deberá coordinar las instituciones respectivas su obtención para que evitar que los ciudadanos tengan que hacerlo.
Según la Defensoría, las ciudadanos han denunciado que no tienen claridad de la información y de los requisitos que deben aportar.
"Se constató que toda la documentación que se exige en el formulario de solicitud de beca no está explícitamente regulada ni en la Ley 7658 (Ley de Creación del Fonabe) ni en su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 26496 y sus reformas). El Fonabe debe someter a consulta los requisitos solicitados ante el Departamento de Reglamentos Ley N° 8220 y ante la Dirección de Mejora Regulatoria, ambos del Ministerio de Economía; con el objetivo no sólo de reglamentarlos sino además de clarificar las coordinaciones interinstitucionales con los entes emisores de las certificaciones solicitadas", explicó la Defensoría por medio de un comunicado.
Mauricio Donato, director del Fonabe, explicó los requisitos responden a la situación social y a la condición académica.
"Estos requisitos no se deben obviar. Dependiendo de ese análisis, la beca se le podría dar o no. Son recursos públicos. Donde sí tendría razón la Defensoría es que algunos requisitos que podamos estar pidiendo, los puede dar otra institución. En eso, ya hemops caminado, tenemos consulta en línea con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y con el Registro Civil. Estamos trabajando en integrar a otras instituciones", dijo Donato.
En mayo, este medio publicó las dificultades de muchas familias, sobre todo de zonas rurales, para tramitar un subsidio. Los interesados deben trasladarse desde cualquier parte del país para ir a dejar un solo documento a la única sede de esa entidad, ubicada en San José. Cuando llegan, se encuentran largas filas y muchas veces los devuelven porque no presentan el documento requerido.
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