Las mayoría de las bases sindicales aceptaron el acuerdo entre el Ministerio de Educación Pública y las organizaciones de trabajadores de la Educación con el cual se pondrá fin a la huelga que inició el pasado 5 de mayo.
La Asociación Nacional de Educadores (Ande) anunció mediante su cuenta de Facebook, que "las bases de todo el país se reunieron para analizar el documento entregado por la Iglesia Católica, como propuesta para volver a negociar con el Gobierno".
Gilberto Cascante, presidente de Ande, aseguró que la propuesta aún debe ser firmada en conjunto con el Gobierno, para dar por finalizado el movimiento.
"El Bloque Magisterial Unido presentará el documento final con los aportes de la bases, esta tarde a partir de las 3:00 p.m. ante el Gobierno, con la mediación de la Iglesia Católica", indicó Ande.
El documento establece, entre otras cosas, un mecanismo excepcional para el pago de salarios y componentes salariales adeudados.
Este procedimiento indica que las personas afectadas solicitarán el respectivo pago pendiente en las oficinas regionales del MEP, aplicando la retención para las deducciones de ley.
Para esto los educadores podrán presentarse en cualquiera de las 27 direcciones regionales con una copia de su cédula o documento de indentificación, el número de cuenta cliente, y el nombre de la entidad bancaria donde recibe su salario.
El MEP tendrá un plazo de 48 horas para revisar y verificar cada solicitud, así como trasladarla a la Tesorería Nacional. Esta última tendrá que depositar los pagos en un máximo de 24 horas.
Además, el acuerdo establece que el MEP se compromete a no ejecutar sanciones "de ninguna índole" por participar en la huelga, así como otorgar permisos especiales con goce de salario a los trabajadores para que se apersonen a las oficinas del Ministerio a presentar sus reclamos.
Asimismo, indica que no se modificarán los periodos de vacaciones establecidos por Ley y regulados en el Calendario Escolar 2014.
En otro de los puntos se menciona que el Gobierno promoverá la readecuación de deudas en los bancos estatales y privados y la no afectación de los récords crediticios, además de que no se ejecuten cobros judiciales en contra de las personas afectadas por retrasos en el pago de salarios.
Colaboró Alberto Barrantes.