Ver comer a un colegial una manzana en un recreo es algo común, pero es difícil creer que esa fruta esté inyectada con alcohol o que oculte marihuana o crack .
Este es uno de los métodos poco tradicionales que grupos organizados usan para vender a los alumnos este tipo de drogas, no perder su “clientela” y burlar los controles de las autoridades en los centros educativos y alrededores.
Lapiceros, aretes, helados, confites, celulares y costuras de los bultos son usados también como escondites de sustancias prohibidas, según detectó el Programa Regional Antidrogas (PRAD), del Ministerio de Seguridad Pública.
La lista incluye gelatinas, queques, galletas, tubos de los pupitres y hasta pequeñas conchas de mar.
“Cualquier recinto puede ser sospechoso. Parte del bum mediático que tiene ahora la droga es ponerle colores, meterla en comidas o frutas para hacerla más llamativa para los adolescentes, más cara y para burlar los controles”, explicó Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD),
A inicios de mayo, la Fuerza Pública de Corralillo de Cartago decomisó varias unidades de gomitas con un 12% de alcohol, que eran vendidas en ¢300 a menores de edad en un minisúper ubicado cerca del centros educativos.
Los decomisos y la cancelación de la patente del establecimiento se dieron gracias a las denuncias de los directores de los colegios y padres de familia molestos porque los estudiantes con frecuencia olían a alcohol y algunos estaban ebrios.
El director de un liceo de Heredia, quien prefirió no ser identificado, dijo que los “peces gordos” utilizan a los muchachos para vender drogas en los liceos.
“A las 7 a. m. un día le encontramos a un alumno ¢35.000 que eran por la venta de droga. Desgraciadamente, el consumo es cada vez más frecuente; al final, no son tantos los protocolos ante las formas de esconder la droga para meterla a las instituciones ”, contó el funcionario.
“Hemos visto que se ha dejado la presentación natural de la droga para buscar otras formas de mimetizarla. Hemos venido decomisando pastillas de colores que tienen algún derivado de droga. A estas alturas, ya no nos sorprende nada; cualquier forma puede ser utilizada para disfrazar la droga. Siempre hay una estructura criminal detrás de todo”, expresó Andrade.
Durante el 2015, por medio del programa PRAD se decomisaron 3.336 dosis de droga en los centros de enseñanza e implementos para consumirla.
Los oficiales visitaron, el año anterior, 1.086 instituciones, entre escuelas, colegios diurnos, nocturnos, privados y semiprivados. Se confiscaron 1.263 dosis de marihuana, 1.972 de crack y 101 dosis de cocaína.
Seguridad Pública tiene 18 equipos que trabajan de lunes a viernes en operativos sorpresa hechos en planteles educativos, con ayuda de la unidad canina.
Protocolo. El trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP) se enfoca en la prevención, mediante capacitaciones, en conjunto con el ICD y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Además, aplica un protocolo de actuación para que los docentes sepan qué hacer cuando se presenta una situación de tenencia, consumo o tráfico de drogas.
“El consumo en centros educativos ha crecido. Hemos establecido un sistema de monitoreo, seguimiento e investigación de los casos”, explicó Liliana Rojas, del MEP.
Según datos de la 4.ª Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria, realizada por el IAFA, el licor es la segunda droga más consumida por los colegiales, seguida por la marihuana.
La edad de inicio del consumo también preocupa. Según el IAFA, en promedio, los jóvenes comienzan con el alcohol y el tabaco a los 13 años y con marihuana y otras sustancias a los 14.
Juan José Andrade manifestó que en las visitas a los colegios trabajan en talleres de sensibilización para explicar a los muchachos las consecuencias del uso de los estupefacientes.
“En uno de esos talleres un joven se nos acercó para pedir ayuda; se declaró adicto. Como parte del protocolo lo remitimos a un centro de ayuda”, añadió Andrade, quien dijo que está preocupado porque no hay una respuesta legal para penalizar el consumo.