Unos 200 empleados de la Universidad Nacional (UNA) se mantienen en huelga desde el lunes en protestar contra un cambio en el reconocimiento de horas extra. La medida no ha afectado las lecciones en la sede central, en Heredia, aunque sí paralizó del todo el funcionamiento de las sedes regionales de Pérez Zeledón y Coto.
La protesta la lidera el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn), que respalda a los funcionarios perjudicados con la modificación. Entre esos empleados están quienes trabajan en la administración, oficiales de seguridad, choferes y encargados de mantenimiento.
Álvaro Madrigal, secretario general del Situn, aseguró que el problema surgió en marzo de este año, tras la firma de la convención colectiva de los empleados de la UNA.
Según el sindicalista, en ese momento se acordó con la rectoría modificar el artículo 10 de la convención para dejar claros los parámetros de cálculo del pago de las horas extra.
"Eso se envió al Ministerio de Trabajo, el cual no ha homologado el cambio porque, según su criterio, las partes no decíamos a partir de cuándo rige (el cambio). Mandamos una nota diciendo que era a partir de la firma del acuerdo, pero la rectoría no ha querido pronunciarse y el Ministerio se ha escudado en esa falta de respuesta para no homologar", manifestó Madrigal.
Como resultado de lo anterior, dijo Madrigal, se está aplicando una fórmula con un factor de cálculo que le reduce el valor a la hora extra. "Implica alrededor de un 30% menos en horas extra", añadió el sindicalista.
En una circular del 14 de octubre, la rectora de la universidad, Sandra León, desmintió esa versión. De acuerdo con León, el cambio en la base de cálculo se implementó tras e señalamientos de la Contraloría Universitaria, la cual advertía que el pago de la hora extra se estaba haciendo sobre una base de cálculo semanal y no con el sistema de salario mensual que rige en la institución.
La rectora aclara en el comunicado que la asesoría jurídica advirtió que la fórmula utilizada antes de marzo carecía de fundamento en la realidad laboral de la universidad y, por el contrario, implica un "uso indebido de fondos públicos".
Según cálculos del Programa de Gestión Financiera, la diferencia era de unos ¢300 millones para el 2012.
"Se hace necesario reiterar que nuestra Universidad, como institución pública, está sometida en todo su accionar al principio de legalidad, esto significa que todas las actuaciones deben de estar totalmente apegadas a lo que el ordenamiento jurídico tanto institucional como nacional le permitan", enfatizó León.
"Debemos velar por la aplicación de este principio sustancial y el correcto manejo de los fondos públicos, de los cuales somos depositarios", añadió la rectora.
El sindicalista Álvaro Madrigal aseguró que unos 500 empleados de la UNA se han visto perjudicados por la medida y que la huelga estaba afectando servicios de transporte, mantenimiento y biblioteca, entre otros.