El director del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), Fernando Ramírez, urgió a los diputados a aprobar el tercer presupuesto extraordinario del año, el cual contiene $6,6 millones (¢3.347 millones) comisados a una empresa vinculada al expresidente peruano Alejandro Toledo y que, por ley, deben ser destinados al combate contra la criminalidad en el país.
Toledo es investigado en Costa Rica y en su país por presuntamente trasladar dinero de sobornos recibidos durante su mandato (2001 y 2006) a cuentas bancarias en nuestro territorio. Hace un año, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condenó a la empresa Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de $6,6 millones.
Dicha compañía está vinculada al empresario peruano-israelí Josef Maiman y aparece en el Registro Nacional presidida por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha de Maiman. Este hombre habría sido el receptor del dinero de los sobornos que la firma Odebrecht habría pagado a Toledo, a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.
Ramírez afirmó que los recursos comisados a Ecostate Consulting Group S.A respaldarán los esfuerzos de los diferentes cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado. Según lo estipulado por la Ley contra la Delincuencia Organizada, el50% del dinero ($3,3 millones) se destinará al Organismo de Investigación Judicial (OIJ); el 20% ($1,3 millones) al ICD; y el 10% ($663.000) al Poder Judicial.
Otro 10% ($663.000) será asignado al Ministerio Público para la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y para el combate del crimen organizado; mientras que el restante 10% ($663.000) se dirigirá al Ministerio de Seguridad Pública para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales. El plan extraordinario de gastos fue presentado por el Ministerio de Hacienda, el jueves pasado, a la corriente legislativa.
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La investigación en Costa Rica se inició en 2013, ya que el dinero ingresó a cuentas del banco Scotiabank en el país. Tras ser suspendida por más de tres años, fue reabierta en 2017 debido a diligencias de investigación que se consideraron omitidas en su momento. Además de Toledo, quien permanece en prisión preventiva en su país, también están siendo encausados su suegra, Eva Fernenbug, y el encargado de seguridad durante su gobierno, Avi Dan On.
Además de los recursos del caso Toledo, el tercer presupuesto extraordinario que se discute en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, incorpora ¢4.198 millones de ingresos corrientes al plan ordinario de gasto del 2024.
También suma ¢5.078 millones de ingresos extraordinarios y rebaja ¢71.308 millones del diferencial cambiario de varios créditos externos.