La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó a cuatro mujeres y cuatro hombres para que el plenario los nombre como magistrados suplentes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Los miembros de ese foro eligieron a los ocho aspirantes el lunes por la noche y enviarán la lista al plenario del Congreso, para su ratificación.
En la lista están Flora Marcela Allón Zúñiga, María Alexandra Bogantes Rodríguez, Maria del Rocío Carro Hernández y Milagro Rojas Espinoza. Los aspirantes masculinos son Héctor Luis Blanco González, Juan Federico Echandi Salas Mario Gutiérrez Quintero y Jorge Olaso Álvarez.
"Escuchamos a todos los postulados, con base en los currículos y sus presentaciones, con toda la información a mano, tomamos la información sobre las cuatro mujeres y los cuatro hombres", dijo Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Esos ocho nombramientos tendrán que esperar a que los legisladores cumplan con el nombramiento de un magistrado para la Sala Primera, aún pendiente luego de la destitución de Óscar González.
Aunque diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) como Epsy Campbell y Ottón Solís cuestionaron la inclusión de letrados (asistentes de los magistrados propietarios) en la nómina por elegir, la Comisión incluyó al menos tres de ellos.
"Los candidatos a suplentes son recomendados por la Corte Plena, o sea los magistrados; los letrados son empleados de los magistrados, o sea, es gente que tiene ventaja. Uno espera que recomienden a lo mejor de lo mejor, pero hay una suerte de conflicto de interés, que no es grave, pero yo quisiera un sistema más puro", comentó Solís.
Para Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), la inclusión de letrados no es ningún problema. "Uno no puede arbitrariamente eliminar una persona por tener un puesto. Excluirlos del proceso sería ilegítimo", dijo el verdiblanco.
Pendiente
Para la silla libre en la Sala Primera, los diputados deben escoger de una terna compuesta por la jueza del Tribunal Contencioso Administrativo Ileana Sánchez, el abogado litigante William Molinari y el asesor legislativo liberacionista Sergio Ramírez.
De esa terna, al menos uno de ellos, Ramírez, ha sido cuestionado por el apoyo del partido para el que trabaja. Además, tuvo una suspensión de 15 días impuesta por la Contraloría General de la República, durante su gestión como presidente ejecutivo de la Junta de Protección Social (JPS).
Además, Ramírez planteó un juicio contra el Estado, por destituirlo de ese cargo en la JPS.