Los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público acordaron este jueves pedirle al presidente del Congreso, Henry Mora, que suspenda indefinidamente el plan de movilidad laboral que repartirá unos ¢700 millones entre 28 funcionarios.
La moción fue aprobada por unanimidad por los legisladores: Ottón Solís y Epsy Campbell del Partido Acción Ciudadana (PAC), Antonio Álvarez y Maureen Clarke del Partido Liberación Nacional (PLN) y Gerardo Vargas Varela del Frente Amplio.
Ellos coinciden en que ese proceso de despido se efectuó de manera ilegal y generará un gasto mayor, porque en la mayoría de los casos se premiará a funcionarios que están a punto de jubilarse con el pago de 16 años de cesantía, el doble de lo establecido por ley.
"El 86% de esos 28 funcionarios tienen los años para pensionarse o les falta dos años, en la función pública la pensión es generosa y tras de eso se les quiere premiar, así el plan no resulta conveniente", dijo Ottón Solís, quien considera que es mejor esperar hasta que se jubilen para suprimir sus plazas.
Su homólogo del PLN, Antonio Álvarez agregó: "El procedimiento es ilegal, debe suspenderse indefinidamente, me parece que está pagando muchísimo dinero a personas que ya se pueden jubilar".
Los diputados también cuestionan que el plan de movilidad, fue promovido por los propios empleados y no, por la administración de la Asamblea, como establece la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público.
Otro de los puntos que critican es que se pretenda suprimir plazas que son imprescindibles para el quehacer legislativo, como por ejemplo, tres jefaturas del Departamento de Comisiones Legislativas.
Esta moción de suspensión será discutida el próximo lunes en el Plenario y no será hasta ese día cuando se decida si se acoge o no.
Mientras tanto, la cúpula del Congreso integrada por Henry Mora del PAC en la presidencia y por los socialcristianos: Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, primer y segundo secretario, se comprometió a no avanzar con el plan de movilidad laboral.
"Estamos preparados para defender el plan... Va haber un lindo debate en la Asamblea Legislativa", afirmó Rodríguez.
Factor económico. El movilidad laboral fue aprobado desde octubre del año pasado por el Directorio Legislativo y fue hasta este año que se autorizó para cuatro funcionarios, mientras que para los 24 restantes sería en el transcurso del año.
El impedimento era el factor económico, pero el presidente de la República, Luis Guilermo Solís y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, autorizaron hacer una modificación al presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Mediante un decreto que se publicaría esta semana en el diario oficial La Gaceta, se varió el destino de ¢250 millones que estaban ociosos y con los cuales el Congreso ahora dispondrá de un total ¢670 millones.
Para ese fin ya contaba con ¢420 millones, entre recursos de la partida de prestaciones y los fondos de la asociación solidarista y la cooperativa.
Ese monto, según el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, alcanzaría para liquidar a 24 funcionarios, mientras que los cuatro restantes quedarían para una segunda etapa para antes de diciembre.