Varios jefes de fracción exigieron este jueves al presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, que se suspenda una feria artesanal con privados de libertad programada para el próximo 31 de mayo, en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, pues alegan que esa actividad atenta contra la seguridad de diputados y del personal parlamentario.
El reclamo lo llevó a la cita de los jefes la vocera del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, quien aseguró que se trata de presos con condenas vigentes por homicidio, robo, narcotráfico y violaciones, entre otros.
A ella se unieron los jefes de otros partidos, como Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión, PASE; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense y William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC.
La feria fue autorizada por la Dirección Ejecutiva del Congreso desde el 24 de abril, a solicitud de Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y se realizaría en el bulevar adjunto al edificio legislativo, pero se prevía –contó Natalia Díaz– un almuerzo para los privados de libertad en la Casa Rosada, la sede de varios despachos de diputados libertarios.
Originalmente, el almuerzo se iba a realizar en el Salón de Beneméritos de la Asamblea, pero la jefatura de Seguridad recomendó que fuera en la Casa Rosada, debido a la cercanía del Salón de Beneméritos con el plenario del Congreso.
La actividad, denominada Feria de Artesanías Arte y Libertad, tiene el objetivo de dar a conocer los productos que elaboran estas personas, quienes esperan también poder venderlos al público, tanto funcionarios parlamentarios como transeúntes.
"Este tipo de actividades atenta contra la seguridad del Primer Poder de la República, de todos los funcionarios y transeúntes del bulevar de la Asamblea Legislativa y alrededores de la institución", dijo la libertaria.
En la reunión de los jefes, se le pidió cuentas a Magally Camacho, la jefa de seguridad del Congreso. Ella confirmó lo reportado en un informe sobre el asunto. Dijo que, en cuanto supo de la actividad, pidió información a Luis Bernardo Arguedas y Wagner Gómez, ambos de la Dirección de la Policía Penitenciaria, quienes confirmaron la situación de los presos y los delitos por los que cumplen condena.
"Esta jefatura aplaude este tipo de actividades; sin embargo, resalto el grado de peligrosidad que esta actividad implica para la institución. Si bien es cierto estos privados de libertad se han ganado con buen comportamiento el permiso para participar en estas actividades, es irresponsable descartar que pudiera suceder algún incidente que ponga en riesgo la seguridad institucional, por lo que doy por salvada mi responsabilidad", escribió Camacho en su informe del 23 de mayo.
En la feria, según informó Camacho, participarían 40 privados de libertad, hombres y mujeres, quienes recibirían la visita de familiares y amigos en los puestos de venta y estarían bajo custodia de la Policía Penitenciaria "debidamente armada".
La jefa de Seguridad del Congreso también explicó a los diputados que a ella le preocupa la posibilidad de que los policías vayan a ingresar a las instalaciones legislativas también armados. Añadió que una actividad similar se iba a realizar en la Casa Presidencial, pero que los mismos criterios se emplearon para suspenderla.
Ante la solicitud de los legisladores, el presidente del Congreso aseguró que pedirá cuentas a la Dirección Ejecutiva para tomar acciones.
Más tarde, Ramírez recibió una respuesta de Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea, quien le explicó que ya Emilia Molina había retirado la solicitud para utilizar un espacio dentro de las instalaciones legislativas para el almuerzo de los privados de libertad.
Gonzalo Ramírez también consultó a la Municipalidad de San José la posibilidad de rescindir el permiso que el ayuntamiento dio para la realización de la feria, ante la preocupación de varios legisladores.
A raíz de estas manifestaciones, la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, lanzó una fuerte crítica: "El derecho de nuestra población a tener oportunidades de inserción y respeto a su dignidad humana, es irrenunciable.
"Frente a toda clase de prejuicios y esterotipos seremos inclaudicables. Tendremos nuestra feria porque siempre habrá sensatez en otras personas y en otras instituciones que sí comprenden que es un tema de derechos humanos".
"Quizás el reto no sea abrir puertas, sino las mentes, sobre todo de quienes deberían estar llamados y llamadas a construir una sociedad más inclusiva", añadió la jerarca.
En esa misma línea, el oficialista Ottón Solís se manifestó totalmente a favor de que se realice la feria en el Congreso y dijo que es una barbaridad que otros legisladores hayan reclamado.
Apuntó que este es un asunto de resocialización, de que los privados de libertad puedan ver que sí es posible reinsertarse.
Durante la reunión de los jefes en que se hicieron los reclamos, el vocero del PAC, Javier Cambronero, no emitió ninguna posición de su fracción respecto a la realización de la feria artesanal.
Nota del redactor: esta información se actualizó a las 5:30 p. m. para incluir información aportada por el presidente del Congreso.