Los diputados aprobaron, esta tarde, el proyecto de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, conocido como Caja Única, que le permitirá al Gobierno recuperar el dinero público que las instituciones tengan ocioso por más de dos años.
Si hoy se aplicara esa medida, el Ministerio de Hacienda podría tener acceso a ¢750.000 millones que 1.674 entidades públicas y privadas tienen asignados, pero que están sin uso en la Caja Única del Estado. No obstante, a partir de la entrada en vigencia, correrá un plazo de dos años para que las organizaciones decidan qué hacer con los recursos.
Esa cantidad de dinero es superior a la cifra que el Gobierno quiere recaudar, para paliar el déficit fiscal, mediante los incrementos a los impuestos sobre las ventas y rentas, que generarían ¢600.000 millones
Dicha iniciativa recibió el primer debate, a las 6 p. m., con el apoyo de 41 diputados y solo un voto en contra.
El plan establece que las instituciones tendrán un plazo de dos años para ejecutar los recursos presupuestados o, de lo contrario, perderán todos aquellos fondos que estén subejecutados.
La idea es, según lo ha explicado el ministro de Hacienda, Helio Fallas, a los legisladores, que los dineros no se queden engavetados por siempre, sino que se puedan redestinar.
Este proyecto forma parte de la agenda fiscal del Gobierno, la cual se ha mantenido trabada desde que se aprobó una reforma para mejorar la lucha contra el contrabando, el año pasado.
Dinero para otros fines. Actualmente, una vez que el Presupuesto Nacional le asigna una cantidad determinada de dinero a una entidad para inversiones de capital (compra de maquinaria y equipo o construcción de infraestructura), el dinero queda a nombre de esa entidad, sin opción de reasignarlo.
Según Hacienda, los saldos ociosos en la Caja Única del Estado han ido creciendo a un ritmo anual del 6%.
En el 2015, la institución con mayor subejecución fue la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con ¢427.000 millones.
A ella le siguen la Universidad de Costa Rica (UCR), con ¢60.000 millones; y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con ¢36.000 millones, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
Según explicó Henry Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), la intención de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos es que el Gobierno pueda emplear esos recursos en el pago de la deuda.
Precisamente, esa era la objeción de la legisladora Ligia Fallas, del Frente Amplio, quien reiteró varias mociones de fondo para intentar que el destino de los dineros no fuera al pago de deuda, sino la inversión de capital en obra pública y programas gubernamentales.
La iniciativa también establece que el giro de transferencias a destinos específicos a través de leyes se deberá hacer con apego a la disponibilidad de los ingresos tributarios del Gobierno, con tal de garantizar los porcentajes asignados por ley.
"Esto es parte de las urgentes acciones que debemos realizar para atender la mala ejecución del gasto público", comentó la congresista liberacionista Paulina Ramírez.
Para el caso de las juntas de educación, se estableció que estas tendrán un plazo de cuatro años para la ejecución de los recursos asignados, por tratarse de entidades encargadas de la atención de infraestructura educativa.