Los diputados más afines a los gremios judiciales cuestionaron duramente, este viernes, la reforma a las pensiones judiciales dictaminada el jueves por la noche en una comisión especial legislativa y anunciaron acciones de presión para que se incluya a los huelguistas de la Corte Suprema de Justicia en la negociación, antes de que se aprueben los ajustes definitivamente, en el plenario.
A la vez, el oficialista Ottón Solís expresó temor de que varios congresistas estén impulsando a los sindicalistas a continuar con la huelga en los servicios judiciales y que los magistrados de la Corte actúen "pusilánimemente" para mantener el movimiento del Poder Judicial.
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Tanto legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) como de Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio (FA), criticaron la forma en que el foro parlamentario trabajó un nuevo texto del proyecto de ley para modificar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y vaticinaron un difícil panorama para los próximos días.
Es más, lanzaron dudas sobre el procedimiento utilizado por los diputados de la Comisión Especial de Pensiones, quienes el miércoles habían aprobado una moción para comprometerse a construir un nuevo texto y la noche del jueves se dedicaron a fabricarlo, en tres horas, bajo la promesa de apegarse al informe actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Los más críticos de ese procedimiento fueron Rolando González, del PLN; Marvin Atencio, del PAC, y toda la bancada del Frente Amplio.
Por otro lado, los oficialistas Atencio y Víctor Morales Zapata; Aracelly Segura, del PLN, el socialcristiano Jorge Rodríguez; el FA en pleno y los independientes Carmen Quesada y Carlos Hernández, votaron a favor una moción del frenteamplista Jorge Arguedas para intentar torcerle el brazo a la Comisión y que se volviera a adoptar la propuesta de los gremios judiciales como base de discusión y darles espacio en una mesa de negociación.
"Estoy convencido de que es imprescindible escuchar a las organizaciones del Poder Judicial para asegurar la viabilidad política del proyecto; de lo contrario, podría haber más de un tercio de la Asamblea Legislativa en contra y eso pondría en peligro una solución necesaria y apoyada por todos los sectores en sus intenciones", aseguró González.
Aunque el liberacionista dijo reconocer el esfuerzo de sus compañeros de fracción, Sandra Piszk, Julio Rojas y Maureen Fallas, para construir una propuesta de reforma, adujo que falta una concertación "imprescindible" para un proyecto que tendría efectos sobre un colectivo laboral "que se ha mostrado dispuesto a contribuir en su mejor redacción".
"No encuentro a nadie del Poder Judicial, en las representaciones gremiales, que quiera más que una ley nueva, justa, técnicamente desarrollada y sostenible, por lo tanto, escucharlos en esa fase de comisión cuando ya hay un texto, es muy importante", comentó el verdiblanco.
En el caso de Atencio, lo acerca a los gremios un sentimiento de sindicalista que lo lleva a lanzar dudas sobre las intenciones de los legisladores en la Comisión y decir que no sabe si su compañera de partido, Marcela Guerrero, "esté enterada de los juegos de algunos sectores" en esta discusión.
Ni González ni Atencio han estudiado aún el texto de la propuesta, pero este último aseguró que no hubo democracia al dictaminar una reforma a las pensiones judiciales y anunció que tratará de convencer a sus compañeros de partido y de otras fracciones para que se acerquen a la propuesta de los huelguistas.
Los cambios
La reforma dictaminada por la Comisión Especial de Pensiones propone, específicamente, imponer un tope de ¢4 millones a las pensiones judiciales, aumentar en cinco años la edad mínima para jubilarse (pasaría de 60 años a 65), así como exigir una contribución solidaria a las pensiones que hoy estén por encima del tope.
El proyecto que salió del foro legislativo con destino al plenario del Congreso determina que los funcionarios de la Corte se jubilen con una pensión equivalente al 85% del promedio de los últimos 240 salarios (20 años de servicio) y no con el 100% de los últimos 24 mejores sueldos, como pueden hacerlo actualmente.
Aún con la propuesta dictaminada, ese porcentaje supera en 25 puntos porcentuales al que obtienen los pensionados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que reciben un 60% del promedio de los últimos 240 sueldos.
En cuanto al aporte solidario que se impondría sobre las pensiones de lujo, este sería de un 50% sobre el monto que sobrepase el tope impuesto.
Otros cambios acordados en la Comisión son elevar a 35 los años de servicios requeridos para jubilarse y elevar la cotización obrera de 11% a 15% progresivamente, lo que significa que quienes ganan mejor, cotizarán más que quienes perciben un salario menor.
Frente Amplio habla de "atropello"
Totalmente volcados con el reclamo de los gremios judiciales, en el Frente Amplio se habló de "atropello" en la Comisión a los intereses gremiales de la Corte.
"Es importante la participación de los afectados directos en este plan tan importante. Otras veces se han integrado comisiones mixtas, pero esta vez ni siquiera se pide eso. Ellos solo piden estar cerca de los diputados que iban a redactar el nuevo proyecto. Fue de una manera sumamente atropellada como se desarrolló todo en los últimos días", aseguró el jefe de fracción del FA, Francisco Camacho.
Es más, el vocero frenteamplista apuntó a que la gran mayoría de la Comisión "se arrogó la potestad de hacer lo que le dio la gana con el texto de la reforma".
Atencio reforzó esa idea al decir que "es muy raro" que un texto sustitutivo se pueda trabajar de un día para otro y afirmó que "eso deja mucho que desear" y da a pensar que "hay muchos juegos de por medio".
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Antes de que los diputados de la Comisión dictaminaran la propuesta, ya Ottón Solís, a nombre del PAC, había anunciado en el plenario de que el partido de gobierno apoya casi totalmente las posiciones de Marcela Guerrero y Franklin Corella en la Comisión Especial de Pensiones, como impulsores de la reforma.
Excluido quedaba expresamente Atencio, pero también hay duda de la posición de Víctor Morales Zapata, por su apoyo a la moción de Jorge Arguedas, el jueves, para volver a retomar el proyecto de los gremios.
Este viernes se intentó conversar con Morales, el diputado más cercano al presidente Luis Guillermo Solís, pero no contestó las llamadas hechas a su celular ni los mensajes enviados.
En tanto, la posición del Gobierno sigue siendo la de no intervenir, aunque Ottón Solís asegura que es necesario escuchar una declaración contundente del presidente a favor de la reforma dictaminada. "El silencio del presidente me preocupa", dijo el fundador del PAC.
En el caso de Aracelly Segura, quien también había puesto su voto para intentar torcerle el brazo a la Comisión de Pensiones, dijo que ella apoyará lo dictaminado por ese foro, aunque originalmente se quería apegar al acuerdo de junio del 2016, cuando los diputados votaron para acoger el texto de los gremios judiciales como la base para la discusión.