La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) empezó a discutir, este lunes, si integra como parte de la bancada al hasta ahora desterrado diputado Víctor Morales Zapata.
La discusión se hace a la luz de una opinión jurídica emitida por los asesores jurídicos del comité ejecutivo nacional del PAC, que hasta ahora mantienen los legisladores totalmente en secreto.
Ni los partidarios de que Morales pueda usar el apellido PAC ni los opuestos a esa pretensión revelan uno solo de los contenidos del documento. Tampoco la asesora legal, consultada por este medio, quiso hablar de su contenido, salvo que la apruebe la presidenta del partido, Margarita Bolaños.
Según el jefe de fracción, Marco Vinicio Redondo, la discusión no se dirimió en una sola sesión, así que continuará en próximos encuentros. El diputado alajuelense Franklin Corella aseguró que fracasaron los intentos de que se haga una sesión extraordinaria esta misma semana, para zanjar la cuestión de una sola vez.
El origen de la ruptura se dio en diciembre del 2013, cuando la prensa informó que Morales Zapata fue nombrado candidato a diputado por el oficialista PAC sin que la asamblea nacional conociera que él tuvo una acusación penal en 1994, por el mal manejo de un préstamo en su época de dirigente del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Para evitar un juicio, Morales Zapata tuvo que conciliar cuatro años después de presentada la acusación penal.
En enero del 2014, la asamblea nacional acordó una sanción al entonces candidato a legislador, como apoyo a la petición que hiciera Luis Guillermo Solís, en ese entonces candidato presidencial, de que Morales renunciara a la aspiración, se le expulsara del partido, se le investigara en el tribunal de ética y se le desconociera como miembro de la bancada.
Ahora, los partidarios de Morales Zapata (legisladores como Emilia Molina, Javier Cambronero o Henry Mora) pidieron a la asamblea partidaria revertir ese acuerdo.
Morales, por su parte, adujo en una entrevista con La Nación que él ha sido parte de la fracción durante todo el periodo legislativo y que se alejó por decisión propia y no por exigencia de los asambleístas y diputados.
Esta es la entrevista que el legislador Morales aceptó dar sobre el tema:
¿Cómo ve el ambiente con que lo recibe la fracción y la opinión jurídica del comité ejecutivo?
En realidad no está en discusión si este servidor forma parte o no de la fracción. Yo he sido miembro de la fracción durante todo el periodo legislativo. Por razones de valoración política, en su momento yo me retiré de las reuniones, asumiendo otras responsabilidades y con los permisos respectivos.
Hoy las condiciones políticas son otras, hay otra valoración política y yo decidí reintegrarme a las reuniones de la fracción. Hoy (este lunes) se conoció un documento
presentado por el jefe de fracción, enviado por el comité ejecutivo del PAC donde traslada una serie de hechos y opiniones que respaldan mi tesis, que yo soy parte de la fracción y no es una situación que pueda ser resuelta en contrario.
El comité ejecutivo les pide a los diputados que diriman este asunto...
Claro y todos los componentes de la fracción, en forma muy respetuosa y -digámoslo así- a la altura, hemos puesto en la mesa nuestros criterios, incluso está claro que esto tiene una dimensión jurídica de derechos fundamentales y políticos.
También tiene una dimensión personal, donde a mí puede agradarme o no un compañero de la fracción, pero somos compañeros de fracción, por lo que tiene que haber un tema de carácter personal y un tema de carácter puramente político, o sea de una fracción que hace esfuerzos por estar cada vez más
unida.
¿Cómo queda la moción que había aprobado la asamblea nacional, con sanciones muy duras para usted?
Es que eran circunstancias políticas muy claras. En aquel momento fue muy apasionada la situación y yo diría que hubo deseos de algunos compañeros -los cuales yo no resiento, no lo comparto pero lo veo natural- de llevar mociones para mi expulsión.
Pero vivimos en un país de derecho, que norma la participación de los militantes en los partidos, la asamblea nacional hizo lo que correspondía: envió el expediente al órgano disciplinario, que es el tribunal de ética, donde el tema siguió su curso, el debido proceso, yo apelé, aún hoy discrepo de las resoluciones de ese órgano, pero me acogí a la institucionalidad.
Eso dio un resultado, ya ha pasado más de un año y por consiguiente el tema quedó atrás.Yo tengo que distinguir entre lo que se deseó y lo que jurídica y políticamente era viable y factible. Creo que el tiempo ha demostrado que jurídicamente yo tenía la razón y que políticamente conviene que seamos 13 de fracción.
¿Ya no tiene ninguna validez ese acuerdo de la asamblea nacional?
La asamblea... eh, todos los documentos y resoluciones tienen validez, lo que pasa es que no pueden ir más allá de lo que el Derecho les permite. Entonces, una asamblea -hay jurisprudencia muy clara- puede decir que expulsa a un miembro, como voluntad particular.
Pero luego el TSE puede decir que no corresponde, porque había que cumplir con el debido proceso.
Pero usted no ha ido al Tribunal Supremo...
No, porque yo no he ido en ningún momento a confrontar una decisión partidaria. Ahí está el detalle, yo nunca lo he confrontado.
¿Y por qué no hacerlo para que, eventualmente, eso consolide su pertenencia a la fracción?
No, porque he apostado al hecho de que estoy convencido de que tengo compañeros de fracción suficientemente maduros políticamente y que al final el sentido común va a darle paso a buscar una solución, en lugar de ir a una situación jurídica de confrontación.
Lo típico es que uno vaya y haga la confrontación; los medios de prensa felices mostrando la confrontación, pero yo no. Yo decidí en todo momento el diálogo y aquí estoy, después de casi 15 meses.