Al calor de la agresión al denunciante de un hombre que grabó a una mujer por debajo de la falta, el diputado José Ramírez, del Frente Amplio, presentó este jueves un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso sexual callejero.
Sin embargo, el texto le encomenda ciertas funciones contra el acoso a instituciones llamadas "Consejo Federal de la Función Pública" y "Consejo Federal de Educación", las cuales no existen en Costa Rica, en vista de que no es una república federal.
¿Por qué? Lo cierto es que la iniciativa de ley de Ramírez es un plagio de una ley argentina vigente desde el 2009, presentada con el mismo título de la legislación vigente en ese país e, incluso, mantiene intactos varios nombres de instituciones que no existen aquí, sino en Argentina.
Se trata de la ley 26.485 de ese país, titulada "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen relaciones interpersonales".
La iniciativa presentada por Ramírez como si fuera suya, bajo el expediente legislativo 19.737, tiene exactamente el mismo título y la única diferencia con la ley argentina es que reduce varios de los artículos de esa legislación suramericana.
Del artículo 1 al 4, el proyecto de ley es idéntico a la normativa argentina, mientras que el 5 es idéntico al 7 de la ley de ese país; y el 6 del frenteamplista es básicamente el 8 de la legislación suramericana.
Instituciones inexistentes.
Aunque el congresista se haya cuidado de cambiar el nombre de la entidad argentina Consejo Nacional de Mujer, al nacionalizarlo a Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), no se cuidó de modificar el nombre de otras instituciones.
Por ejemplo, en las dos primeras líneas del artículo 5 del proyecto de ley habla de "los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial", cuando en Costa Rica no hay autonomía de los poderes en las provincias.
Más adelante, en el numeral 1 del artículo nueve habla del "Consejo Federal de la Función Pública"; en ese mismo artículo, en el numeral 3, se habla del Consejo Federal de Educación. Luego, en el numeral 7 del artículo 9, cita al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que el de Costa Rica se llama Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
A pesar de ser prácticamente un calco de esa legislación argentina, ni en la exposición de motivos del expediente ni en el comunicado de prensa donde lo anuncia, el diputado Ramírez Aguilar hizo referencia a la procedencia suramericana del proyecto de ley que presentó como si fuera de su autoría.