Uno de los tres candidatos al puesto de defensor adjunto de los Habitantes, Víctor Manuel Rodríguez, dimitió a sus aspiraciones, a solo días de su postulación.
A finales de la semana pasada, Rodríguez comunicó a la defensora Montserrat Solano que desistía del proceso de selección, para el cual lo había recomendado, alegando “situaciones personales imprevistas”.
“Los motivos muy a mi pesar, son razonados en función de un interés personal y familiar que supera las motivaciones profesionales”, aseveró el profesor de derecho de la Universidad de Costa Rica.
Ante la renuncia, Solano anunció este lunes que en lugar recomendará a la Asamblea Legislativa a la abogada Soraya Long, quien tiene experiencia en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como usuaria y litigante.
Ahora los diputados deberán elegir entre Long, la también abogada Gloriana López y Juan Manuel Cordero, quien fue viceministro de Salud en la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010), así como de Trabajo en la de Laura Chinchilla (2010-2014).
El sustituto de Luis Gerardo Fallas será definido por la Comisión de Nombramientos del Congreso, órgano que posteriormente deberá recomendar a uno de los tres candidatos al plenario para su elección final por mayoría simple (la mitad más uno de los votos).
El presidente de esa instancia legislativa, el diputado del PAC, Ottón Solís, aseguró que la metodología ya fue definida y se acordó llamar a los tres candidatos a una audiencia el lunes 2 de noviembre.
Aunque previo a ello, a más tardar el 30 de octubre, deberán entregar una serie de requisitos.
Cada candidato deberá certificar que está al día con los pagos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Ministerio de Hacienda y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
También se les exigirá un estudio de las sociedades en las que participen y los terrenos que tiene a su nombre.
Para evitar que mientan sobre estudios universitarios, los legisladores no solo les piden mostrar los títulos, sino aportar las certificaciones.
De igual forma, debe constatar tener un expediente limpio en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República, en el Colegio de Abogados y ante la Defensoría de los Habitantes.