Con el argumento de que los diputados se han empeñado en ignorar sus observaciones sobre el proyecto de ley para reformar DIS, la Defensoría de los Habitantes lanzó su propio informe para exigir cambios a un plan que consideran peligroso para el país.
En su análisis, la defensora Montserrat Solano advierte de que la iniciativa no descarta la posibilidad de que los ciudadanos sean víctimas de espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), agencia adscrita al Ministerio de la Presidencia, cuyo nombre se transformaría a Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).
En su artículo 3, el plan de ley define las labores de inteligencia de la agencia del Gobierno como "la obtención, acopio, sistematización, análisis, almacenamiento y procesamiento de información relevante a la prevención o respuesta a riesgos, amenazas o agresiones contra la soberanía nacional, la integridad territorial de la nación, los intereses nacionales, la paz social, el orden público, la estabilidad del Estado o el orden constitucional".
Para la defensora de los Habitantes, el proyecto "establece un conjunto tan amplio de objetivos, muchos de los cuales son conceptos peligrosamente abiertos e indeterminados, que hacen prácticamente justificable cualquier acción de inteligencia". Añadió que muchos riñen con las competencias de otros entes de los Poderes de la República.
El riesgo de no descartar el espionaje a la ciudadanía está, según el informe del ente defensor, en que no se defina una restricción a las actividades de inteligencia en el ámbito interno del país, ni se consideren las inmunidades diplomáticas ni obligaciones en materia diplomática que le impone al país la Convención de Viena.
Encima de ello, continuó, el proyecto no delimita las actividades de recopilación de información ni establece mecanismos de supervisión y control para estas, además de que no fija las garantías necesarias a los derechos humanos que deben tener los funcionarios de la DIEN en su quehacer, así como sus limitaciones.
Tal como está planteado el proyecto, continuó la defensora, el director de esa agencia gubernamental tendría "potestades sin control".
Los temores de la Defensoría están planteados en el informe DH-0164-2017, enviado este lunes 20 a los 57 diputados, donde expresa que sus advertencias han sido ignoradas por los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se estudió en primera instancia el proyecto de ley.
LEA AQUÍ el criterio de la Defensoría de los Habitantes sobre la reforma a la DIS
El expediente 19.346 ha sido impulsado por el actual director de la DIS, Mariano Figueres Olsen.
Aunque Figueres ha negado que le reforma conlleve peligros para la intimidad de los ciudadanos, la Defensoría insiste en que los riesgos están ahí.
Además de dejar abierta la puerta para el espionaje y de las potestades que se le darían al director, la defensora explica que la iniciativa legal no garantiza la imparcialidad de los servicios de inteligencia ni la despolitización de sus actividades.
Agrega que el texto tampoco crean mecanismos claros de denuncia ni de reparación "frente a posibles abusos" de la Dirección de Inteligencia, ni sanciones penales por esos eventuales abusos.
"No establece mecanismos de supervisión y control efectivos, que incluyan controles internos o del Ejecutivo, ni que sometan la DIEN a un control parlamentario o judicial, incluida la aprobación legislativa del nombramiento de su director", explica Montserrat Solano en su informe.
Esas potestades "sin control" que tendría Mariano Figueres o su sucesor en el cargo se deberían a la desconcentración máxima que se le pretende dar a la Dirección, cuando la Defensoría advierte de que debe mantenerse como un órgano de desconcentración mínima.
¿Inteligencia o policía?
La Defensoría cree que el proyecto no establece una división clara entre las labores de inteligencia que le corresponden a la inteligencia adscrita al Ministerio de la Presidencia y las de las actividades policiales.
De hecho, Solano recomienda a los diputados que tomen previsiones para que el proyecto de ley no cree una estructura paralela, "que se beneficie del secreto de sus actividades para actuar al margen de los procedimientos legales a los que deben sujetarse las labores de las policías investigativa y preventiva".
Una de los aspectos que más pone en alerta a la Defensoría tiene que ver con "derechos inderogables" de las personas, frente a los intereses de la seguridad nacional, que a criterio de la defensora tampoco son tomados en cuenta.
Aunque el proyecto de ley se encuentra en la lista de expedientes por discutirse en el plenario desde octubre del 2016, Montserrat Solano lanza la advertencia porque está convocado para las sesiones extraordinarias (periodo de diciembre a abril en que el Ejecutivo es el que manda en la agenda legislativa), en el lugar número 33 del apartado de "primeros debates" del orden del día del plenario.
Antes de que llegue a ser ley de la República, aún le faltan dos procedimientos legislativos en los cuales el plan podría cambiarse: las mociones de fondo por artículo 137 del Reglamento legislativo (que se debaten en la comisión dictaminadora) y la reiteración de esas mociones que sean rechazadas (según lo establece el artículo 138 de ese Reglamento).
Según el presidente de la Comisión de Seguridad, el liberacionista Ronny Monge, el informe que emite la Defensoría está desactualizado porque, aunque el texto del plan no ha cambiado desde octubre, ya se presentaron unas 250 mociones en el plenario con la intención de enviarlo de nuevo a comisión, para debatir posibles cambios.
“Ya hicimos varias mociones con base los aspectos que menciona la defensora”, dijo Monge, quien añadió que él considera un error que la Defensoría no quiera ser parte de un órgano supervisor de la DIEN que se crearía con la iniciativa legal.
El verdiblanco añadió que es precipitado no haberse esperado a los dos días de mociones de fondo que aún deben tramitarse y que podrían cambiar el texto del proyecto tal como se conoce hoy.
De forma similar se explicaron los diputados Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Jorge Arguedas, del Frente Amplio, en el sentido de que hay mociones que se han trabajado durante varios meses para acatar las críticas de la Defensoría.
Redondo dijo que el documento enviado por Montserrat Solano es un "dechado de virtud en el manejo de términos, pero que al final no clarifica las cosas que deben modificarse".
"Se refiere de forma muy imprecisa al articulado del proyecto de ley. Me da la impresión de que el deseo de la Defensoría es que no se haga la transformación de la DIS y que siga teniendo el mismo marco jurídico actual y que ha sido tan criticado a lo largo del tiempo", explicó el diputado oficialista.
Conclusiones de la Defensoría sobre el proyecto de la DIS:
-No limita los objetivos de la inteligencia; establece un conjunto tan amplio de objetivos, muchos "peligrosamente abiertos e indeterminados", que hacen prácticamente justificable cualquier acción de inteligencia; muchos riñen con las competencias de otros entes de los Poderes de la República.
-No establece una división clara entre labores de inteligencia y de policía; los legisladores deben tomar las previsiones para que el proyecto no cree una estructura paralela que se beneficie del secreto de sus actividades para actuar al margen de los procedimientos legales a los que deben sujetarse la policía investigativa y preventiva.
-No define una restricción a las actividades de inteligencia en el ámbito interno del país, con lo que no se descarta el espionaje a los y las habitantes.
-No establece las garantías necesarias a los derechos humanos ni en relación con las posibles limitaciones, con lo que se violan los artículos 1, 2 y 30 de Convención Americana de Derechos Humanos; no establece claramente que existen derechos inderogables frente a los intereses de la seguridad nacional.
-No delimita las actividades de recopilación de información ni establece mecanismos de supervisión y control para estas.
-No establece mecanismos de supervisión y control efectivos que incluyan controles internos o del Ejecutivo, ni que sometan la DIEN a un control parlamentario o judicial, incluida la aprobación legislativa del nombramiento de su director.
-No establece mecanismos claros de denuncia ni de reparación frente a posibles abusos cometidos por la DIEN, ni sanciones penales por esos abusos.
-El plan crea un manto de confidencialidad sobre toda la información que generaría la DIEN, eso violenta el artículo 13 de Convención Americana de Derechos Humanos.
-No garantiza la imparcialidad de los servicios de inteligencia, para que la información que ofrezca a los tomadores de decisión sea creíble y no politizada.
-No incluye postulados para asegurar la profesionalización de los agentes de inteligencia, que permita análisis confiables y evaluar las implicaciones de su actividad en los derechos humanos de los y las habitantes.
-Ofrece potestades sin control al director de la DIEN, pues se le da una desconcentración máxima, cuando debería ser mínima.
-No ofrece estándares de derechos humanos para la cooperación internacional de manera que no se le permita a la DIEN obtener y utilizar información que haya sido obtenida por agencias extranjeras en violación a los derechos humanos.