El proyecto de ley que cerraría el gigantesco déficit de dinero que tienen las pensiones judiciales quedó en coma a causa del pronunciamiento que emitieron, sobre el texto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Al dar a conocer su criterio negativo, la Corte también advirtió a los diputados de que el plan afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Y, según el artículo 167 de la Constitución Política, las iniciativas que tengan ese efecto deben ser aprobados con la votación de dos tercios de la Asamblea Legislativa, es decir, 38 votos.
A su vez, un proyecto que necesite de 38 votos no se puede tramitar por la vía rápida que se aplicó a esta reforma legal. Se trata de un mecanismo para agilizar el proceso, el cual limita la cantidad de mociones que pueden presentar los diputados e, incluso, permite desechar mociones al cumplirse cierto plazo.
Según el Reglamento legislativo, el procedimiento abreviado solo se puede aplicar a los proyectos que requieran mayoría absoluta para su aprobación: mitad más uno de los presentes.
Esa situación ha generado incertidumbre entre los legisladores, quienes no tienen claro cómo seguir adelante con el proyecto que evitaría que los contribuyentes carguen con el déficit actuarial de ¢5,3 billones que tiene el régimen de pensiones del Poder Judicial.
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El plan subiría a 65 años la edad de jubilación para los empleados judiciales, impediría que las nuevas pensiones superen los ¢4 millones y cobraría una contribución especial a los pensionados que hoy superen ese monto. El aporte equivaldría al 50% del exceso sobre el tope.
Además, elevaría de un 11% a un 15% la cotización de los trabajadores según sus salarios (mientras más altos, mayores serán la cotizaciones) y cambia el cálculo de la pensión: en vez de otorgar el 100% de los últimos 24 salarios, se daría el 85% de los últimos 240 salarios.
La vía rápida para el proyecto de pensiones judiciales fue aprobada el 30 de junio del 2016 y se empezó a tramitar en la Comisión Especial de Pensiones en setiembre del mismo año.
Hay diputados que mantienen el criterio de que, a partir de ahora, se debe frenar ese procedimiento, pues temen que continuar por esa vía implicaría tirar al suelo todo el trabajo realizado hasta la fecha.
Tanto el presidente de la Comisión Especial de Pensiones, el socialcristiano Johnny Leiva, como la vicepresidenta legislativa, la libertaria Natalia Díaz, identifican tres salidas, todas ellas complicadísimas para finalizar con éxito el proyecto.
La primera es seguir con la vía rápida del artículo 208 bis del Reglamento legislativo, que actualmente le aplican al proyecto y correr el riesgo de que la Sala Constitucional señale luego errores de forma que sepultarían la reforma.
La segunda es comenzar de nuevo un procedimiento distinto de vía rápida, el establecido por el artículo 41 bis del Reglamento. Este mecanismo se puede asignar a proyectos que requieran mayoría calificada, 38 votos, pero exigiría comenzar de cero, incluso en la discusión y audiencias en una comisión dictaminadora.
El procedimiento del artículo 41 bis no es tan ágil como el que se aplicó con el 208 bis.
La tercera opción, tampoco muy viable, es empezar de nuevo con un trámite ordinario, que puede tardar meses y hasta años en el trámite parlamentario.
Por otra parte, pasar en este momento de la vía rápida usada en comisión a un trámite ordinario en el plenario implica un gran riesgo. Esa opción podría chocar con jurisprudencia de la Sala IV.
Johnny Leiva: 'seguir adelante'
Aunque el presidente de la Comisión Especial de Pensiones, Johnny Leiva, reconoce que seguir adelante echaría por tierra la reforma judicial, él está dispuesto a ir hasta el final con la vía rápida, aprobar el texto con 38 votos (aunque no es seguro a hoy que estén esos votos) y asumir el riesgo de que la Sala IV declare que la ley es inconstitucional por un problema de procedimiento.
El presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, quien era el llamado a tomar una decisión, salió del país este jueves y regresa el lunes. Él debía pronunciarse con apoyo del director de Servicios Técnicos del Congreso, Fernando Campos.
Por tanto, el peso de las negociaciones recayó en la vicepresidenta, la libertaria Natalia Díaz.
La Nación ha intentado contactar a Campos desde la semana anterior, pero el director de Servicios Técnicos solo respondió una de las llamadas telefónicas realizadas y prometió devolverla posteriormente, lo cual no hizo.
Por otra parte, Díaz intentó este jueves por la tarde posponer la discusión del proyecto de ley, pues según la vía rápida los legisladores están convocados para sesionar de forma extraordinaria el próximo lunes, por la mañana, para abrir las últimas etapas del trámite legislativo, a sabiendas de que constitucionalmente estarían cometiendo un error.
Además, los jefes parlamentarios también les consultaron a los técnicos si era posible prorrogar el plazo de las consultas hechas sobre el texto dictaminado a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
En este caso, el departamento de Servicios Técnicos respondió que los congresistas sí pueden prorrogar el plazo para recibir las respuestas. Para ello, 23 legisladores aprobaron una moción que amplía los plazos para que Defensoría, Contraloría, Banco Central y UCR emitan un criterio sobre el plan.
La confusión es tanta entre los parlamentarios que, este jueves, los jefes de fracción decidieron hacer una consulta a los técnicos legislativos para que establezcan qué hacer ante estos errores de procedimiento y les fijen un camino por seguir. La respuesta a dicha consulta aún está pendiente.
Diputados versus Corte
Aparte de alegar que la reforma a las pensiones judiciales afecta el funcionamiento del Poder Judicial, los magistrados le propusieron al Congreso que acogiera el proyecto consensuado entre ellos y las organizaciones gremiales de la Corte.
A diferencia de la reforma dictaminada por los diputados, la pactada entre magistrados y empleados judiciales mantiene varios de los beneficios jubilatorios actuales.
La propuesta consensuada por la Corte Plena y el Frente Gremial pretende dejar la edad de retiro en 60 años para mujeres y 62 para los hombres, como en la actualidad; aunque aceptan el tope de los ¢4 millones, no están de acuerdo con una contribución del 50%, sino que plantean dejarla en un 20% sobre el exceso del tope.
La Corte también acepta que las pensiones se otorguen con un 85% como tasa de reparto, pero que el promedio sea de 120 salarios (10 años) y no 240, como plantearon los legisladores. Además, los gremios y los magistrados presionan por mantener la cotización obrera en un 11%.