El Gobierno de Costa Rica difundió un comunicado de prensa, la noche de este domingo, en el cual hace un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que deje sin efecto la proscripción política que se dictó contra el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles.
El pronunciamiento hecho por la Cancillería costarricense solicita, "con vehemencia", que a Capriles se le respeten su investidura y potestades políticas, además de que se garantice su seguridad personal.
Costa Rica hace dicho llamado un día después de que se diera una jornada de fuertes protestas en la capital venezolana, frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, y otros edificios de gobierno.
Parte esencial del reclamo fue en contra de la decisión de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, la cual le dictó la inhabilitación a Capriles para el ejercicio de cargos públicos por 15 años, por supuestas irregularidades administrativas en la gobernación de Miranda.
Capriles, exaspirante presidencial, ejerce el cargo de gobernador de dicho estado desde el 2008. Cuando llegó el anuncio de la inhabilitación a cargos públicos, ya había sido anunciado por su partido como futuro postulante presidencial para las elecciones primarias.
En la nota, la Cancillería recuerda que el gobernador de Miranda fue designado en ese cargo por elección popular, libre y democrática. De mantenerse esa inhabilitación, Capriles no se podría presentar de nuevo a las elecciones generales venezolanas como candidato a la presidencia de la República.
Miles de opositores venezolanos se manifestaron el sábado, en Caracas, contra el Gobierno de Maduro, en su cuarta protesta en una semana, movimiento que desembocó nuevamente en choques con la Policía.
La oposición planea nuevas protestas durante esta Semana Santa, cuando los empleados públicos estarán de asueto por orden de Maduro.
Las protestas frente al Tribunal Supremo fueron críticas hacia la decisión de los magistrados de arrogarse los poderes del Parlamento venezolano y retirarles la inmunidad a los legisladores, acción que echaron atrás días después.
En la nota de la Cancillería costarricense, se alega que los derechos políticos "son pilares fundamentales de toda democracia".
"Sin la garantía del respeto a la voluntad popular, el Estado de Derecho es peligrosamente socavado y las libertades fundamentales entran en un vacío que mina, aún más, la institucionalidad en la República Bolivariana de Venezuela", apunta el comunicado, difundido a las 7:30 p. m.