La administración de la Corte Suprema de Justicia y sus gremios la emprendieron este miércoles, en la Asamblea Legislativa, contra el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) que descubrió un hueco de ¢5,3 billones en su sistema de pensiones y que recomendó drásticas medidas para poder financiar sus beneficios.
Así lo hicieron al cabo de una semana de huelga contra la eventual reforma de su régimen de jubilaciones, y a solo seis días de que expire el plazo para que una comisión especial de pensiones, del Congreso, emita un dictamen.
Voceros de la administración de la Corte y del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial fueron recibidos en audiencia por los diputados.
Jorge Morales, Adriana Orocú y Roberto Montero, del Frente Gremial, cuestionaron las propuestas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, que incluyen subir las cotizaciones de los funcionarios del 11% al 15% del salario, así como imponer un tope de ¢4 millones como pensión máxima y exigir un aporte solidario a los pensionados actuales, que equivaldría a un 50% del exceso sobre el tope.
Según Carlos Montero, miembro del Consejo Superior de Administración del Poder Judicial, en criterio de ese órgano y de la Corte Plena (totalidad de los magistrados) "es confiscatorio" establecer un tope a las pensiones y una contribución solidaria.
Los magistrados habían prometido apartarse de este debate debido a que, el año pasado, fueron criticados por calificar de "confiscatorias e inconstitucionales" las propuestas sobre el tope y el aporte solidario. Diputados del PAC y del PUSC alegaron que ellos adelantaron criterio sobre un tema que la Sala IV deberá dirimir.
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Medidas similares, como el aporte solidario, se les aplicaron a las pensiones de lujo del Gobierno Central y de exdiputados, lo que permitió un ahorro anual de más de ¢7.000 millones al Estado. No obstante, esas reformas aprobadas en el 2016 están recurridas ante la Sala IV y deben ser resueltas por los magistrados.
Según el Consejo Superior, su criterio se basa en estudios internos hechos por el actuario del Poder Judicial.
Los funcionarios judiciales alegaron que la UCR tomó en cuenta, para sus cálculos, una tasa de rendimiento del Fondo de Pensiones mucho menor que la verdadera.
Carlos Montero dijo que el estudio universitario habla de tres escenarios: uno con un rendimiento del 2%, otro con un rendimiento del 3% y otro más, con uno del 4%, el más optimista.
Añadió que, en realidad, el rendimiento histórico de la administración de ese fondo es del 4,55%, lo que también manifestaron los sindicalistas. "Es más, este año hemos tenido un rendimiento del 7% en las inversiones", citó el jerarca judicial.
La Corte y los gremios pidieron a los diputados de la Comisión Especial de Pensiones mesas "de negociación" y "de análisis técnico" antes de levantar cualquier huelga.
Precisamente por su ataque a los resultados del informe universitario, tanto el Consejo Superior de Administración como el Frente de Organizaciones Gremiales pidieron a los legisladores una mesa para establecer un nuevo texto, conscientes de que es imposible volver a tener como proyecto base el que fue propuesto por los gremios y de que el plan de la Superintendencia de Pensiones (Supén) no va a pervivir.
Los diputados de la Comisión de Pensiones no solo cuestionaron que gremios y administración judicial no hayan presentado dichos cuestionamientos a la UCR ni a los diputados, sino también que los atacaron por la huelga.
El presidente de la Comisión de Pensiones, el socialcristiano Johnny Leiva, fustigó que se mantuviera una huelga sin que haya avanzado ni una sola propuesta sobre la reforma a las pensiones.
La libertaria Natalia Díaz caminó en esa misma línea, al enfatizar que ni el plan de la Supén ni el de los gremios se ha aprobado y les reclamó el capítulo más atacado públicamente de esa huelga, la no entrega de los cuerpos en la Medicatura Forense.
Ante ello, Jorge Morales, del Frente Gremial, dijo que la semana anterior, cuando los empleados se fueron a huelga, nadie los pudo convencer de lo contrario.
Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), les cuestionó a los gremios si había alguna disposición de trabajar en un nuevo texto y, de inmediato, deponer el movimiento de huelga que, esta mañana, se movilizó al frente de las instalaciones de la Asamblea Legislativa.
Pero los gremios judiciales se mostraron reacios a hacerlo e insistieron solamente en que se haga una mesa de negociación, por lo que se mantendrían fuera de las oficinas.
"El texto base no importa, se tiene que trabajar con las recomendaciones de la Comisión", dijo Maureen Fallas, del PLN.
Piszk lo intentó de nuevo: "¿Ustedes están claros de que cualquiera que sea el texto base, debe ser modificado? No se justifica la huelga".
Tanto Adriana Orocú como Jorge Morales aceptaron que entienden que el proyecto que recomiende esa comisión al plenario será totalmente diferente, pero rechazaron hacer el llamado a deponer la huelga.
'Reforma afecta a generación actual'
Otro de los reclamos que hizo Carlos Montero, del Consejo Superior Administrativo, es que las reformas al sistema jubilatorio vayan a aplicarse sobre la actual generación de empleados judiciales y que no haya gradualidad en las reformas.
"El estudio actuarial de la UCR carga toda la reforma a la generación actual, que va a soportar todos los cambios. No es lo mismo que me cambien las condiciones cuando estoy a punto de terminar mi vida laboral, que cuando apenas estoy empezando a trabajar en la Corte", dijo Carlos Montero.
El jerarca añadió que, sin importar si la huelga es justa o no, si se justifica o no, si los gremios la convocaron o no, el terreno ya estaba fértil entre los empleados del Poder Judicial para lo que están haciendo.
Al terminar las audiencias, los diputados levantaron la sesión de la Comisión Especial de Pensiones, que seguirá con el trámite del plan de reforma a las pensiones judiciales este miércoles por la noche, donde empezarán a ver las mociones al proyecto de ley.