Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron, ayer lunes, la propuesta de emitir un criterio negativo contra el proyecto de ley sugerido por la Superintendencia de Pensiones (Supén) para reformar el régimen de las pensiones judiciales, aunque reconocieron no tener "criterios técnicos" para rebatir cada uno de los puntos.
Así lo explicaron los magistrados que tomaron la palabra en la sesión de la Corte Plena, a la luz del informe preliminar que presentó Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, encargado de analizar el texto recomendado por la Supén y que fue acogido por la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa el 29 de marzo y enviado a consultas por el presidente del panel, el diputado Johnny Leiva, el lunes 17 de abril.
Tanto Chinchilla como los magistrados Iris Rocío Rojas y Román Solís, de la Sala Primera, se extrañaron del poco tiempo que les dio la Comisión de Pensiones para emitir un criterio (ocho días naturales) y coincidieron, junto con Jesús Ramírez, presidente de la Corte Suprema en ejercicio, en que no tienen elementos técnicos para sostener esa respuesta negativa.
"La idea es dirigir un informe negativo al proyecto de la Supén, no podemos entrar en detalles actuariales porque no los tenemos. Esto es por la limitación de tiempo y porque no tenemos los estudios actuariales y porque no podemos dar una base distinta a la que tenemos ahora", indicó Chinchilla.
"No tenemos informes técnicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) para formular una contrapropuesta. Sería un no muy negociable, nos faltan elementos para pronunciarnos de otra manera", apuntó la magistrada Rojas.
De hecho, la jueza había sugerido, inicialmente, que se debía conformar una especie de grupo dirigido por Carlos Chinchilla, con un actuario de la Universidad y uno institucional, además de los letrados de Chinchilla, para dar una mejor respuesta.
Sin embargo, insistieron los magistrados, lo mejor era dar una respuesta negativa, de forma general, por la obligación constitucional de responder las consultas sobre proyectos de ley que les plantee la Asamblea Legislativa.
Ante la decisión que se tomó, los miembros de la Sala Constitucional presentes en la sesión se abstuvieron de votar en uno u otro sentido: Ernesto Jinesta, presidente de ese tribunal, explicó que hay una buena cantidad de asuntos referidos a pensiones sobre los que ellos deben decidir y, votar sobre el criterio negativo podría verse como un adelanto de criterio.
Poco antes de que lo acordaran, Chinchilla explicó cada uno de los puntos de la propuesta de reforma que hizo la Supén y los comparó con las sugerencias de la Corte Plena.
La propuesta de la Supén
Específicamente, la propuesta de la Superintendencia de Pensiones para modificar el Régimen de Pensiones Judiciales es elevar la edad mínima para jubilarse a 65 años (actualmente es 60 años para mujeres y 62 para hombres). También plantea cambiar el cálculo del monto de la jubilación al promedio de todos los salarios recibidos (actualmente se calcula con los 24 últimos mejores salarios).
Además, la Supén sugiere imponer un tope de ¢3,9 millones (hoy no existe) y exigir una contribución especial del 30% a los ya jubilados, a quienes se les pasaría al Presupuesto Nacional, para cargarle una factura de ¢1,3 billones a todos los contribuyentes.
Aunque reconocieron que el plan de la Supén debe contar con los criterios técnicos correspondientes, la magistrada Iris Rocío Rojas apuntó que no los tienen a mano, como para validar la respuesta que acordaron.
"Para que esto sea serio, tendríamos que conformar un equipo con auxilio de actuarios. Lo contrario serían ocurrencias", recomendó la alta jueza.
Sin embargo, para Chinchilla ya no hay tiempo para hacer un informe de esa naturaleza y de ahí su sugerencia de una oposición radical a los puntos consultados por los diputados.
Superar la división
Además de la respuesta solicitada por los legisladores, los magistrados hicieron claras referencias a una fuerte división en el Poder Judicial que, según el magistrado Chinchilla, se originó desde el momento en que se presentaron propuestas de reforma diferentes: una de la Corte Plena y otra de los gremios judiciales.
También Román Solís habló sobre esa división y de las acusaciones de traición que varios empleados y sindicatos de la Corte han hecho en días pasados.
"Hemos comenzado a pelearnos a lo interno. En lo personal, me dolió, como ser humano, unas manifestaciones que oí desde mi oficina, que nos llamaron magistrados traidores", comentó Solís.
Esos ataques surgieron el lunes 3 de abril, cuando voceros de los sindicatos supieron que tres magistrados: Carlos Chinchilla y Celso Gamboa, de la Sala Tercera, y Luis Fernando Salazar, de la Constitucional, se reunieron con Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones.
De esa cita dio cuenta la página oficial del Poder Judicial en Facebook, donde se informó: "Magistrados negocian con Superintendente de Pensiones Álvaro Ramos mejoras sustanciales al proyecto por él presentado".
Ese término "negociación" generó fuertes críticas de los gremios y causó que, cinco días después, el viernes 7 abril, se publicara un comunicado donde ya se informaba de que la Corte Suprema de Justicia se oponía al proyecto de la Supén, aunque no se había conocido ni discutido el tema en el seno de la Corte Plena.
Chinchilla habló de esas divisiones entre magistrados y funcionarios e hizo llamados a olvidarla y, ante la posibilidad de reforma en la Asamblea, que se negocie como uno solo.
"Empezamos mal, porque empezamos con dos proyectos, nadie nos dividió, nos dividimos nosotros mismos. Tenemos que acercarnos a los gremios, todos somos parte del Poder Judicial. Cuando tengamos las bases técnicas para unificar el sistema de pensiones que queremos y pensamos que nos merecemos, vamos a ser una sola voz", dijo Chinchilla.
"Necesitamos mantener ese dictamen negativo, para que no sea tan fácil que nos pasen y nos arrollen con una normativa aprobada por una mayoría, no calificada, pero mayoría y que podemos darnos la posibilidad de discutirlo más ampliamente", añadió el presidente de la Sala de Casación Penal.
Además de debatir sobre la respuesta al plan de la Supén, Rojas reclamó que se deben sentar las responsabilidades por el mal manejo del Fondo de Pensiones Judiciales, que ha generado un déficit actuarial de ¢5,3 billones, según lo calculado por los actuarios de la UCR.
"No podemos seguir apostando por una administración de estos recursos en manos de la Corte. El Régimen de Pensiones no puede subsistir en la forma en la que está, hay ¢5 billones que no se los brinca nadie. (...) Tenemos que hacer una revisión y la conclusión no nos favorece.
"Nosotros no somos buenos administradores de la técnica y, en este caso, lo más justo para los cotizantes es que lo haga quien sabe hacerlo. No es posible que ¢5 billones desaparezcan, que no haya responsables, que papá Estado siga pagando y no se establezcan responsables, quién administró mal ese recurso", comentó la magistrada.