A pesar de que la Sala IV lo declaró inconstitucional, el Poder Judicial pretende echar mano de ¢13.500 millones provenientes de depósitos e intereses producto de procesos judiciales en abandono, que actualmente están en una cuenta en el Banco de Costa Rica (BCR).
Así lo denunció este martes la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y lo confirmó la liberacionista Sandra Piszk, quien incluso considera ilegal que se intente incluir ese dinero en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
En el 2001, la Sala Constitucional declaró que es inconstitucional considerar esos dineros como "ingresos adicionales" al fondo jubilatorio de la Corte, cuando resolvió una acción presentada por la entonces defensora de los Habitantes, hoy diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk.
La legisladora explicó que, al darse ella cuenta de que la Corte tomaba esos dineros provenientes de procesos judiciales en abandono y los abonaba a su fondo jubilatorio, presentó el reclamo ante la Sala IV, con el fin de que la totalidad de esos recursos se utilizaran para el Régimen No Contributivo (RNC, pensiones para personas en pobreza extrema o en condiciones de discapacidad).
Aunque su acción de inconstitucionalidad tuvo éxito y se le dijo a la Corte que no podía echar mano de ese dinero, los diputados de esa época no concretaron una reforma para establecer que esos dineros se utilizaran con un fin social.
De todas formas, Piszk y Guerrero insisten en que la sentencia de los magistrados constitucionales está vigente y eso torna ilegal la intención de utilizar esos ¢13.500 millones.
Guerrero denunció esa intención durante la sesión de la Comisión Especial de Pensiones. Ella aseguró que, en el producto 5 del estudio actuarial sobre las pensiones judiciales, los actuarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dejan claro quién solicitó incluir esos recursos como "ingresos adicionales" al fondo judicial.
"En los cuatro marcos normativos que aquí se estudian, se dispuso incluir, como ingresos adicionales al fondo, los dineros depositados e intereses devengados por procesos abandonados, señalados en el punto 3 del artículo 236, cuya cifra al 31 de diciembre del 2015 se estima en 12.833,94 millones de colones (según comunicado de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial de fecha 22 de marzo del 2017)", dice el texto del estudio actuarial, en su página 10.
A criterio de Guerrero, eso invalida todo el estudio, pues incluye dineros que no deben ser tomados en cuenta como parte del fondo y que, eventualmente, podrían inducir a error en las decisiones que tomen los legisladores sobre el régimen jubilatorio de la Corte.
"No puede ser que la Corte solicite a la Universidad que incorpore recursos que es inconstitucional tomar en cuenta y que nos lleve a error. Están contando con un dinero que no existe. Nosotros, de buena voluntad, hemos esperado las propuestas y ahora tiene estas falencias", dijo la diputada oficialista.
Piszk explicó que, en el 2000, se hizo el reclamo ante la Sala IV porque esos dineros de los procesos judiciales declarados en abandono son públicos y la única forma de aprovecharlos es destinarlos a un fin social.
Por 16 años, a esos dineros no se les ha asignado un destino específico. Por eso, Piszk presentó un proyecto de ley, actualmente en la Comisión de Sociales, para destinarlos a financiar el Régimen No Contributivo.
Sin embargo, el criterio externado por la Corte Suprema es muy diferente al de las legisladores del PAC y del PLN. En un comunicado difundido por el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, la tarde de este martes, se afirma que no fue idea de esa institución la de solicitar la integración de ese dinero.
"El IICE, con la independencia que han trabajado en la presentación de los productos intermedios, por su iniciativa incluyeron el análisis de los depósitos en abandono como fuente de recursos para el fondo. (...) No ha existido injerencia de ningún órgano o dependencia judicial", dice la nota de prensa.
La Nación solicitó conversar con Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial; sin embargo, se indicó que se encontraba en sesión del Consejo Superior, donde se estaban realizando nombramientos de jueces, por lo cual no podría atender consultas de este medio.
Aunque en el comunicado se alega que los actuarios académicos incluyen esos recursos por decisión propia, en realidad, ya en la propuesta de los magistrados para reformar el régimen de pensiones judicial se planteó la intención de tomar como propios esos recursos.
En la nota, también se reconoce esto: "Dentro de la propuesta de reforma de ley al Régimen de Jubilaciones y Pensiones Judiciales, aprobada por Corte Plena en la sesión del 26 de setiembre 2016, se planteó la posibilidad de que estos dineros se distribuyan tanto entre el Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y el fondo de jubilatorio institucional".
Además, la Corte niega que ese dinero corresponda a "recursos de bien social" y alega: "en caso de que los haya (los recursos), son custodiados y administrados por el Poder Judicial".
Desde que presentó el reclamo ante la Sala IV, Piszk alegó que no se podía permitir que esos dineros depositados por las personas para procesos judiciales luego se utilizaran para "la satisfacción de intereses gremiales" y que, por tanto, el destinar ese dinero para las pensiones judiciales es discriminatorio.
"En este sentido, no puede afirmarse que el dinero depositado sea propiedad del Poder Judicial por el hecho de estar en las cuentas de los respectivos despachos judiciales, sino que esos dineros son de los depositantes, hasta que la autoridad jurisdiccional respectiva no ordene su giro a quien corresponda", había determinado la Sala IV en el 2001.
Precisamente por estos reclamos lanzados este martes, los diputados de la Comisión Especial de Pensiones acordaron recibir en audiencia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, y a la directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero, la próxima semana.