El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no fórmula evaluaciones de los trabajos de mantenimiento de vías en ninguna de sus fases. Tampoco cuenta con indicadores de calidad, desempeño, costo y plazo de labores para conservación de las carreteras.
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Estos fueron los señalamientos que hizo la Contraloría General de la República (CGR) en un informe dado a conocer este lunes, sobre la aplicación de la gestión en la conservación de la Red Vial Nacional (RVN). La auditoría evaluó si el seguimiento y la evaluación de las intervenciones que se realizan tienen un enfoque de resultados, conforme al marco legal y normativo. Asimismo, evaluó las buenas prácticas aplicables.
“Se determinó que el Conavi no implementa, bajo un enfoque sistematizado, la fase de seguimiento y evaluación en las labores de conservación de la Red Vial Nacional (RVN) de manera que permita a través de indicadores de calidad, desempeño, costo y plazo, así como de lecciones aprendidas, entre otros, medir los resultados alcanzados, retroalimentar el proceso y observar los cambios vinculados con la planificación de las intervenciones, esto como insumo necesario en la asignación de los recursos”, explicó la CGR.
Según el órgano contralor, esta fase no ha sido considerada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes dentro de las labores ordinarias en el programa de conservación de la RVN. Afirmó, además, que el Conavi, en sus intervenciones de conservación, no efectúa evaluaciones del desempeño funcional relacionadas con el confort y seguridad de las vías.
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Verificación de calidad
De acuerdo con el análisis, son los contratistas los que tienen la obligación de verificar la calidad de las obras realizadas, según las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y en la frecuencia que regula la normativa nacional vigente.
“Sin embargo, estos ensayos son utilizados únicamente como factor de pago y no como un insumo para orientar y guiar a los profesionales responsables en procura de que las carreteras se conserven de manera que se garantice el confort y la seguridad de sus usuarios, manteniendo su integridad estructural y protegiendo los bienes que en ellas invierte el país, conforme a objetivos de desempeño previamente definidos”, indicó la auditoría.
En cuanto al costo y plazo de las intervenciones de conservación vial, la CGR evidenció que los programas de trabajo no se utilizan como una herramienta de monitoreo, control continuo y oportuno que permita gestionar un proyecto, planificar su desarrollo y, en su ejecución, identificar las variaciones en la programación planificada y aprobada.
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La Contraloría, además, ha reiterado la preocupación en los rezagos de emisión del finiquito de las obras en donde se han identificado casos con retrasos de hasta 55 meses después de la conclusión del proyecto.
“No es de recibo que el Conavi no implemente evaluaciones ante la ausencia de los finiquitos. La etapa de seguimiento y evaluación resulta fundamental para que la Administración, conforme a las lecciones aprendidas y buenas prácticas, emprenda acciones dirigidas a maximizar el uso de sus resultados y garantizar un uso óptimo de los recursos”, explicó la CGR.
La Nación consultó al Consejo, pero no fue posible obtener una respuesta.
Sobre el estado actual de las carreteras, desde febrero del 2021 no se invierte en mantenimiento por falta de fondos en el Conavi tras el escándalo del Caso Cochinilla y aún no se tramita un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa para financiar reparaciones en manejo de agua, taludes, demarcación o incluso para restablecer el tránsito si fuera interrumpido.
Según el Laboratorio Nacional de Modelos Estructurales (Lanamme), corredores clave como la ruta 27 (San José-Caldera), la Interamericana Sur (específicamente en el paso del cerro de la Muerte), la ruta 2 a la altura de Cambronero y la ruta 32 (San José-Limón) son las que tienen mayor cantidad de puntos vulnerables.
A inicios de este año, el Conavi comenzó con la reactivación de pequeños contratos de mantenimiento en los que únicamente se incluyeron labores de chapia y bacheo debido al recorte presupuestario de ¢30.000 millones que sufrió para este año. La atención de los puntos vulnerables requiere de montos que el Consejo no dispone.