La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en el Sistema Nacional de Distribución Eléctrica que pueden incrementar los precios de las tarifas, debido a que no se puede controlar dónde se generan pérdidas de energía.
Según el ente controlor, en algunas regiones del país existe un exceso de capacidad instalada, por encima casi siete veces de la demanda máxima. Esa situación se presenta, principalmente, en una parte de red de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Coopelesca y Coopesantos.
Mientras que en otras zonas se detectó todo lo contrario (una capacidad instalada inferior a la demanda), lo cual puede poner en riesgo el suministro de energía. Esa anomalía se encontró en las subestaciones de La Lucha de Coopesantos, Muelle de Coopelesca y en la red de distribución de Jasec.
El gerente general de CoopeSantos, Elías Calderón reconoció que existe una "sobre-inversión" y que eso ocasiona un alza en las tarifas que pagan todos los costarricenses. Pero aclaró que eso se debe a que en las zonas rurales principalmente, se instalan transformadores a largas distancias solo para atender a una familia o una finca, que en ocasiones consume solo el 10% de la capacidad.
"Se incrementa el costo, pero tenemos que verlo como un servicio social, no comercial. No podemos dejar a una familia sin luz porque nos sale más caro", dijo Calderón.
La CGR también halló que es imposible conocer la antigüedad de la infraestructura de distribución del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de la CNFL y de la ESPH, pues no existe registro del año en que cada transformador entró en operaciones.
El estudio señala que las distribuidoras en general no miden, ni identifican dónde se pierde energía eléctrica.
Otros señalamientos. En cuanto al mantenimiento de la red, en la ESPH, CNFL, Coopelesca, ICE y JASEC se hicieron observaciones porque es más el tiempo que se dedica en resolver problemas que en su prevención. Aunado a ello, existen variaciones en el costo de los trabajos preventivos de un operador a otro, que van desde los ¢19.000 y los ¢90.000.
Ahora los operadores están obligados a revertir esas situación, según ordena la auditoria del Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR.