El Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional advirtió ayer sobre presuntos riesgos de aprobar el proyecto de ley que pretende, mediante un préstamo chino, ampliar a cuatro carriles el tramo Río Frío-Limón de la ruta 32.
La iniciativa ya fue dictaminada en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
El plan requeriría $485 millones (unos ¢255.110 millones). Según el convenio, la empresa estatal China Harbour Engineering Company (CHEC) sería la encargada del préstamo a Costa Rica por $395 millones (¢207.770 millones) a un plazo de 20 años, además de ejecutar las obras.
Para Consenso, conformado por seis entidades relacionadas con el tema de obras, como el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos y el Lanamme de la Universidad de Costa Rica, el costo acordado con CHEC es “inaceptable” y aseguraron que si el país accede, estaría pagando un sobreprecio que ronda los $100 millones (¢5.200 millones).
El Grupo criticó que la comisión dictaminara el proyecto sin contar con planos de anteproyecto, ni estudio de precios y costos o de los terrenos por expropiar, entre otros.
Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, reclamó que el Gobierno decidiera sin fundamentos.
“Primero, China nos presta la plata, pero también decide cuánto cuesta el proyecto y el Conavi no tiene los parámetros técnicos para verificarlo. ¿Y cómo es que ya se adjudicó la obra sin un proceso licitatorio? ”, manifestó Murillo.
Otra preocupación es que, una vez aprobado el crédito en el Congreso, de forma automática entrará en vigencia el contrato comercial entre CHEC y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Según Consenso, todavía se desconocen los alcances de tal acuerdo pues no fueron divulgados.
“Los contratos del préstamo con China incorporan una serie de cláusulas rígidas y lesivas para los intereses de nuestro país, que el Gobierno insiste en no renegociar, como lo son el pago de excesivas multas”, aseguró Consenso.
Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), se opone a un proyecto “tan cuestionado” y reclamó que al dictaminarlo se dejaran de lado las comparecencias de las instituciones que se han expresado opuestas.
“Al inicio se dijo que la obra costaba $320 millones y no los $485 millones que se cobran ahora. Lo que dice el Gobierno es que un estudio posterior, de febrero del 2013, justifica ese aumento. Yo solicité el estudio y no me lo dan”, dijo Oviedo.