El Ministerio de Relaciones Exteriores analiza el caso de una niña costarricense que vive en Caracas desde el 2014, cuyo papá es el militar venezolano Juan Caguaripano, detenido por el gobierno de Nicolás Maduro a raíz del asalto que él lideró a un estratégico fuerte en el norte de Venezuela, la semana anterior.
La niña se encuentra en custodia de su madre, Irene Olazo, también venezolana, quien ha solicitado en dos ocasiones que se les permita vivir en la sede del Consulado de Costa Rica en Caracas, capital venezolana. La primera gestión fue en el 2014.
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Antes de la detención de Caguaripano, el viernes 11 de agosto anterior, el abogado de Olazo mantuvo conversaciones con la cónsul costarricense en ese país, Ana Patricia Villalobos, para determinar las posibilidades de apoyo a la menor, como ciudadana costarricense según la documentación en poder de la Cancillería tica.
Villalobos explicó, a través de un audio publicado en la página oficial de la Cancillería, en Facebook, que no es posible darle las condiciones adecuadas a la niña para que viva en la oficina del Consulado, por lo que se ha tratado de encontrar otras opciones, todas ellas descartadas, de momento.
Caguaripano fue detenido junto con 17 militares más, lo que habría levantado las alertas de la madre de la niña, quien ha descartado la posibilidad de asilo en Costa Rica, puesto que Olazo tiene un trabajo permanente en Venezuela y considera que solo podría estar en el país durante algunos días.
Villalobos añadió que se mantiene una comunicación constante con el abogado de Olazo, para estar pendientes de la situación de la niña, quien está en buenas condiciones actualmente.
El consulado costarricense conocía el caso de la menor desde el 2014, cuando el padre también había participado en acciones contra el gobierno de Maduro. "Desde entonces, se desconocía su paradero", dijo Villalobos sobre la situación del militar.
Olazo ya ha conversado con cadenas internacionales de noticias, donde manifestó su preocupación por la vida de Caguaripano y de su hija.
"Se ofreció el apoyo para interceder ante las autoridades venezolanas en caso de que la menor, aún siendo costarricense, le sea requerido un permiso de salida según la ley venezolana, por ser hija de venezolanos.
"El consulado ha indagado con la entidad correspondiente para ver qué procede con una menor que ha vivido en el país sin que sus padres la registren como residente o como venezolana, como es en este caso.
"Se indagó por qué la menor no ha salido del país desde el 2014, cuando la madre tuvo las primeras sospechas de que la niña podría tener algún problema y se indicó que la madre tiene un trabajo y que no estima posible quedarse en Costa Rica mucho tiempo", explicó la cónsul sobre el acompañamiento que se le ha dado al caso.
Una de las opciones más cercanas a la solicitada por Olazo que ofrece el Consulado en Caracas es que ambas vivan en una casa huésped que en otras ocasiones ha servido para darle alojamiento temporal a costarricenses. Tal opción se le ofreció a la madre de la niña en el 2014, pero la había rechazado.
En vista de que las opciones que ha analizado la cónsul Villalobos junto con el abogado de Olazo se han agotado, se pidió a la Cancillería que analice el caso para determinar el procedimiento.
"El abogado tiene el número telefónico de la cónsul general y se le ha pedido que, mientras se examina el tema en San José, contacte directamente a la cónsul en cualquier momento que sea necesario. El Consulado de Costa Rica en Caracas ha atendido, desde el 2014, con la celeridad y la importancia que requiere, asesorando a la madre desde el inicio entre las opciones con que ella cuenta y con que cuenta la menor", comentó Villalobos en el audio difundido la tarde de este domingo.
Las autoridades gubernamentales de Venezuela le achacan a este grupo "acciones delictivas que pretenden el derrocamiento" de Nicolás Maduro, según declaró el director del Servicio de Inteligencia venezolano, el general Gustavo González López.
En el asalto que lideró Juan Carlos Caguaripano, participó una veintena de hombres, dos murieron, ocho fueron capturados y el resto huyó con armamento. Él había sido expulsado de la Fuerza Armada de Venezuela por rebelión, desde el 2014.
Esa acción contra el fuerte Paramacay, en el estado de Carabobo, tuvo lugar una semana después de la elección de la Asamblea Constituyente que ha impulsado Nicolás Maduro y que, según sus más fuertes críticos en la oposición, le serviría para asentarse en el poder como un dictador.