Cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad, serán los aspectos que los autobuseros deberán demostrar de ahora en adelante ante el MOPT, si pretenden la aprobación de un alza en las tarifas.
Así lo establece el Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas que aprobó, en abril pasado, la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) de la anterior administración.
Ese esquema define derechos, obligaciones y responsabilidades de los prestatarios del servicio.
Según el plan del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), peritos visitarán cada empresa de buses una vez al año para aplicar un total de 13 formularios técnicos, no importa si son permisionarios o concesionarios.
Allí revisarán las unidades, las instalaciones de la empresa, los recorridos, el cumplimiento de paradas y el trato del personal a los usuarios.
Esta verificación es adicional a la inspección técnica vehicular de Riteve, a la que se someten las unidades de transporte público modalidad autobús dos veces al año.
La calificación será un requisito para que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) considere alzas en las tarifas.
En el país operan 404 empresas de buses y cerca de 5.000 unidades.
Compartido. En criterio de representantes de autobuseros y usuarios, el plan “se queda corto” pues la responsabilidad de un transporte público de calidad debe ser compartida.
Alfredo Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), apoya la revisión de calidad. Sin embargo, criticó que allí solo se incluya a los propietarios de buses.
“Es importante que se aplique, pero que se vean todas las aristas que influyen en el transporte público, entre estas, carreteras y agilidad en la oficina del CTP, que también afecta”, dijo Villalobos.
Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), tiene una posición similar. Según ella, las administraciones anteriores se han quedado cortas en el tema de transporte. “Nunca hemos tenido un gobierno que se preocupe por acciones que cooperen con el usuario y el ambiente en materia de presas, congestionamiento y carriles exclusivos”, exteriorizó.
Érick Ulate, de Consumidores de Costa Rica, es pesimista, pues duda de que el CTP pueda aplicar el modelo. “Sería bueno que un ente de tercera parte certifique ese plan. El CTP es ineficiente y no tiene personal suficiente”, concluyó.
¿Desde cuándo? El CTP debe aplicar la revisión en los seis meses posteriores al acuerdo de abril. En este tiempo, el Consejo debe organizar al personal responsable.
Sebastián Urbina, viceministro de Transporte y Seguridad Vial, dijo que el documento está en estudio, debido a que lo dejó la administración anterior.
Explicó, además, que será hasta que se conforme la nueva junta del CTP, cuando se definan las acciones para la aplicación del modelo.
“Todo lo que sea mejora del servicio al usuario lo apoyamos. Pero, además, verificaremos que las personas que fiscalicen a las empresas sean imparciales y cumplan con transparencia”, sostuvo.