Para evitar que la nueva Ley Penal Juvenil se convierta en letra muerta por unos meses, los presidentes de los tres supremos poderes acordaron ayer agilizar todos los mecanismos posibles para que la citada ley pueda operar sin contratiempos.
Para cumplir con ese propósito, el Poder Ejecutivo procurará otorgar mayores recursos al Poder Judicial; este último intentará obtener la autorización directa de la Contraloría para el alquiler de nuevos locales y compra de equipo; además, la Asamblea Legislativa se reunirá con expertos judiciales en procura de buscar una solución a otros escollos.
Tal compromiso adquirieron ayer el mandatario José María Figueres; el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Alvarez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes, durante una reunión-almuerzo que sostuvieron en el despacho del primero.
La cita fue una más de las que periódicamente mantienen esos tres funcionarios para evaluar y mejorar los nexos entre los tres poderes de la República.
Edgar Cervantes reconoció que el principal escollo que enfrenta el Poder Judicial para la aplicación de la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil es la capacitación de funcionarios para que asuman las nuevas labores que esa normativa demanda, pero agregó que se abocarán a esa tarea de inmediato.
Alvarez, por su parte, recordó que la nueva ley contiene una disposición que autoriza al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso un nuevo presupuesto extraordinario para dar sustento económico a esos cambios legales. Explicó que ese plan de gastos se enviará al Congreso en los próximos días.
La nueva Ley de Justicia Penal Juvenil fue aprobada en segundo debate por el Parlamento el martes anterior; en esta se estipula que su parte procesal entrará en vigencia tres meses después de su publicación, en tanto que el resto de la normativa regirá de inmediato.