Por presuntos fraudes cometidos contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), esa entidad denunció, entre el 1 de enero y el 28 de marzo de este año, a 45 personas.
Así fue confirmado ayer, mediante un fax remitido a este diario, por el departamento de Comunicaciones de la entidad.
Las denuncias fueron formuladas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que realiza las pesquisas del caso.
Del total de denuncias, 22 se relacionan con tentativas de estafa, 14 por estafas ejecutadas, 3 por falsificación de documentos, 2 por falsedad ideológica, y una por asociación ilícita, según el reporte de la citada fuente.
En todos los casos, se trata de personas que efectuaron reclamos del seguro contra robo de automóviles, con base, según el INS, en documentación aparentemente falsa.
La entidad aseguradora no reveló la identidad de las personas involucradas en los presuntos fraudes.
Asimismo, el viernes anterior, el INS y el Poder Judicial firmaron un convenio mediante el cual, la primera aporta ¢35 millones al OIJ para un plan nacional contra los robacarros.
Lo que se pretende es formar un equipo que luche de manera integral contra las bandas de robacarros y, principalmente, contra la corrupción policial.
Mediante ese convenio se capacitará a varios oficiales que ejercerán su labor bajo un estricto sistema de control, según lo informado por el INS.
Además, se establecerá un centro de información que suministará datos para la investigación del delito de robo de autos, al cual tendrán acceso todas las autoridades policiales involucradas.
Al mismo tiempo, los funcionarios del INS relacionados con la lucha contra robacarros podrán capacitarse en la Escuela Judicial de OIJ.
El día de la firma del convenio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes, destacó que con el aporte del INS se llevará a cabo un mejor esclarecimiento del robo de autos, situación que calificó de "una plaga nacional".
Por su parte, el presidente ejecutivo del INS, Arturo Hernández Castañeda, mencionó la importancia de fortalecer el plan nacional contra el robo de vehículos y dotar al Poder Judicial de los recursos indispensables para realizar un ataque frontal contra ese hecho ilícito.