Legisladores de cinco fracciones legislativas presentaron esta mañana dos acciones de inconstitucionalidad en contra de los levantamientos de veto que hicieron la expresidenta Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, en torno a la Reforma Procesal Laboral.
La acción fue firmada por 21 diputados y alega, primero, que Chinchilla no podía retirar sus objeciones de constitucionalidad a la reforma, siete meses después de vetarla, ni Solís levantar el veto original de la exgobernante, la semana pasada.
En la acción se unen congresistas de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario, Restauración Nacional y la Alianza Demócrata Cristiana.
Con esa acción, pretenden traerse abajo la decisión de Solís y, con ello, la posibilidad de las huelgas en hospitales, policía, transportes y la prestación de servicios básicos, como agua y luz.
Chinchilla vetó la Reforma Procesal Laboral el 9 de octubre del 2012 alegando criterios de oportunidad y conveniencia, pero también de inconstitucionalidad, por considerar que el permiso a las huelgas en servicios esenciales va contra la Constitución.
Ese tipo de servicios, según esa ley, incluye los que prestan hospitales, policía y transporte mientras el viaje no termine.
Sin embargo, en mayo del 2013, presentó una carta en que retiraba sus objeciones por roce a la Constitución Política. Según el liberacionista Juan Marín, eso no procedía.
Marín dijo que el procedimiento constitucional establece que, ante un veto por roces a la Carta Magna, el proceso exige primero que la Asamblea Legislativa haga una consulta ante la Sala Constitucional en 30 días naturales.
"Eso no se hizo", dijo Marín, y eso implica que todo lo hecho después del veto de Chinchilla no es válido.
Contra Solís
En cuanto a la decisión de Solís de levantar el veto original de Chinchilla, Mario Redondo, diputado de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), dijo que es una muestra de irrespeto a las competencias del Congreso.
El legislador aseguró que, tras el veto de la exmandataria, los legisladores ya habían comenzado un proceso en la Asamblea e, incluso, emitieron tres dictámenes para resolver las dudas sobre la Reforma Procesal Laboral.
Pero el presidente levantó el veto, en acción definitiva, a cinco días de haberlo convocado a discusión en las sesiones extraordinarias del Congreso y sin haberlo desconvocado.
"El presidente hizo un secuestro del expediente legislativo (15.990)", dijo el liberacionista Juan Marín.
Otto Guevara, del Movimiento Libertario, dijo que le ofrecen los votos al PAC y el Frente Amplio para la vía rápida a una nueva Reforma Procesal Laboral, para que no se pierdan las herramientas de agilización de los juicios laborales, a través de la oralidad de los procesos.
El socialcristiano Gerardo Vargas Rojas dijo que Zapote violó el principio de la división de poderes, al retirar un veto de un proyecto que ya había iniciado un trámite de enmienda en sede legislativa.
Todas estas consideraciones las invocan diputados opositores de partidos como el PLN y ML, aunque en el 2012 participaron de una votación casi unánime que permitió aprobar las reformas legales.
Según Zapote, para reglamentar las huelgas ilegales en los servicios esenciales en la ley actualmente vigente, es válido un decreto firmado el jueves, en que especifica ese tipo de servicios.
Colaboró con esta información el periodista Álvaro Murillo.