Al menos 15 importantes proyectos de infraestructura vial, sanitaria, de transporte y servicios públicos se mantienen estancados o avanzan sin rumbo claro.
Algunas de estas obras fueron detenidas por el actual gobierno, que señaló la necesidad de realizar nuevos estudios, diseños o replanteamientos generales, tal como sucedió con el tren eléctrico metropolitano o la ampliación de la carretera Florencia del Castillo, que une San José con Cartago.
En la mayoría de casos, las autoridades aplicaron los frenos bajo el argumento de que los proyectos tenían altos costos, como se lo señalaron a los encargados de los planes para ampliar el tramo San José-San Ramón y la ruta 27 de San José a Caldera. También, una revisión realizada por La Nación evidencia que otras iniciativas enfrentan enormes trabas que incluyen lentitud en los trámites de expropiación, renegociaciones, compras de terrenos o falta de financiamiento.
De todas las obras analizadas, solo dos se mantienen activas, aunque avanzan a paso muy lento. Se trata de la construcción de dos intercambios en Taras y La Lima, en Cartago, así como la ampliación de la ruta 32.
Sin embargo, en el caso del segundo proyecto mencionado, todavía no se cuentan con los recursos completos para entregar a los usuarios una infraestructura con todas las condiciones de seguridad vial requeridas.
Expertos y representantes de sectores como la construcción vienen advirtiendo que esta situación, causada en gran parte por la toma de decisiones precipitadas y una gestión poco efectiva, podría llevar al país a una parálisis en materia de infraestructura en los próximos años.
Además, se corre el riesgo de un rezago en el desarrollo de obras que los ciudadanos han estado esperando durante décadas y que son fundamentales para cubrir necesidades de las comunidades.