Washington. AFP, EFE y DPA. El Gobierno estadounidense anunció ayer que presentó una demanda contra la ley migratoria del estado de Arizona porque presuntamente interfiere con la autoridad federal.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país”, explicó el Gobierno en su demanda, presentada en un tribunal federal de ese estado limítrofe con México.
Ese tipo de iniciativas “perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias”, añadió el comunicado del Departamento de Justicia.
La ley SB 1070, que proclamó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en abril, tras un voto del Congreso estatal, declara por primera vez en la historia del país la inmigración ilegal como delito estatal.
La ley debe empezar a aplicarse en principio a partir del 29 de julio.
Al promulgar esa ley, “Arizona cruzó la línea constitucional”, advirtió el comunicado oficial.
Poco después de conocerse el documento oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México manifestó su beneplácito por la demanda que, considera, “afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos”, según un comunicado oficial.
Polémica. La ley de Arizona obliga a la Policía del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo “sospecha razonable” pueda ser considerada inmigrante ilegal, lo que para algunas grupos civiles llevará a discriminación por motivos étnicos o linguísticos.
En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. De ellos, unos 460.000 son indocumentados.
Cualquier ciudadano de Arizona puede presentar una demanda contra la Policía, o contra otro funcionario estatal, si considera que incumple con esa exigencia de controlar la situación migratoria de un sospechoso.
La ley SB 1070 ya fue impugnada ante los tribunales por organizaciones civiles, y el presidente Barack Obama la tildó desde el inicio como un proyecto “erróneo”.
La ley, aun así, ya ha provocado la presentación de iniciativas similares en otros estados y ciudades.
La legislación es apoyada por un 62% de la población estadounidense, según un sondeo reciente.
El texto fue aprobado por el Congreso de Arizona tras una creciente preocupación por el posible desborde de la violencia del crimen organizado del lado mexicano.
El asesinato de un ranchero en su propiedad cerca de la frontera, poco antes de la aprobación, calentó aún más los ánimos, aunque según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sigue sin confirmarse un aumento real de la violencia criminal en Arizona.
El presidente Obama señaló, desde un principio, que la única forma de afrontar el problema de los casi 11 millones de indocumentados en el país era con una reforma integral.
Implicaciones. Además, la legislación obligará al Gobierno federal a dedicar más recursos y presupuesto a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de ser indocumentados.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará “la seguridad de todo el país”, destacó el fiscal general, Eric Holder.
Ese punto de vista también fue respaldado ayer por los propios jefes policiales de la capital de Arizona, Phoenix, y de Tucson, donde está una gran parte de la población hispana del estado.
Para esos jefes policiales, “las víctimas o testigos de crímenes probablemente denunciarán menos o cooperarán menos con agentes policiales” por temor a los controles de identidad, según una declaración de apoyo a la demanda.