Lima. AFP, AP. El vicepresidente peruano, Omar Chehade, compareció ayer ante la Comisión de Ética del Congreso para responder a acusaciones de tráfico de influencias, en un episodio que golpea al gobierno de Ollanta Humala, una de cuyas banderas es la lucha contra la corrupción.
Chehade, quien llegó al gobierno con una aureola de policía de la corrupción, fue acusado por Guillermo Arteta, entonces general activo de la Policía, de tratar de favorecer al grupo empresarial Wong, uno de los más importantes de Perú, mediante el desalojo de una cooperativa azucarera ocupada por sus trabajadores.
Según Arteta, en una cena que se llevó a cabo en un restaurante limeño, a la que asistieron otros dos generales y un hermano de Chehade, el vicepresidente pidió el desalojo de los trabajadores que ocupan desde hace tres años la cooperativa para ser entregada al grupo de alimentos Wong.
A esta denuncia se suma otra, en la que Chehade, que es también congresista del oficialismo, es sindicado de hacer gestiones a favor de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez sobre la concesión de la construcción de un tramo de la vía del tren eléctrico de Lima, lo que dejó de lado a la firma Odebrecht, también brasileña .
El caso ha tomado ribetes de escándalo y desató pedidos de la oposición y sectores cercanos al gobierno para que Chehade deje su cargo de vicepresidente.
El gobierno, por su parte, admite que pasa por una situación delicada y que se trata de “una piedra en el camino, indeseable”, según declaró el primer ministro Salomón Lerner, para quien Chehade “tendrá que responder a todas las preguntas que le hagan en las comisiones de investigación”.
Lerner expresó su malestar al señalar que es un caso lamentable para el Gobierno que tiene como una de sus banderas la lucha contra la corrupción.
Chehade, cuya renuncia reclama la oposición, insistió ayer en su inocencia y afirmó que tiene “las manos limpias”.
“ Si me equivoqué en eso (invitar a los generales) pido disculpas, pero quiero dejar bien en claro que no he cometido ningún delito, ninguna falta ética, ninguna falta a la moral. Estoy tranquilo con mi conciencia”, manifestó.
Chehade negó que su propósito al invitar a los generales haya sido conseguir una intervención policial de desalojo en la azucarera Andahuasi. Su único interés, afirmó, fue convocarlos a una reunión informal para conversar sobre la inseguridad ciudadana.
Días antes, el 20 de octubre, Humala dijo que respalda al fiscal de la nación, José Peláez, quien investiga el caso de presunto tráfico de influencias. “Cada quien debe asumir sus responsabilidades”.
El sociólogo y analista Eduardo Toche, del Centro de Promoción del Desarrollo, dijo que el Gobierno atraviesa por una situación “muy delicada” y que ha hecho bien en poner a Chehade en “una suerte de aislamiento”.