Ginebra. AFP. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acusa al gobierno de Venezuela de violar la libertad sindical, en un informe aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo, su asamblea anual, que finalizó ayer en Ginebra.
El informe manifiesta “profunda preocupación” por los alegatos de actos de violencia contra dirigentes empleadores y sindicalistas, la criminalización de acciones sindicales legítimas y otras restricciones de las libertades públicas necesarias para el ejercicio de los derechos sindicales.
La Comisión también apuntó deficiencias graves en el diálogo social y al retraso hace años en la tramitación de reformas legislativas solicitadas por la OIT, relativas a elecciones sindicales y diversas restricciones a derechos para constituir las organizaciones que crean convenientes.
Al respecto, la OIT precisó que se refería tanto a la patronal como a los trabajadores, para que pudieran elegir libremente sus dirigentes sin injerencia del Gobierno.
En ese sentido, la OIT deploró que ataques a la sede de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) siguen sin condena lo cual, según la entidad, muestra la intimidación que sufren los dirigentes patronales, “incluida expropiación de tierras y acciones a sus propiedades y sedes.
La OIT, organismo tripartito integrado por representantes de empleadores, gobiernos y trabajadores y agrupa a 182 Estados miembros, le recordó a Venezuela que las libertades sindical y de asociación “no pueden existir en ausencia del conjunto de garantías de la libertades públicas, en particular la libertad de expresión, de reunión y de movimiento”.
Pese a que algunos argumentos de réplica del gobierno durante el debate que fueron incorporados al informe, como por ejemplo que ya hay detenidos por diversos actos de violencia denunciados, su delegación diplomática en Ginebra criticó a Fedecámaras.
En concreto, le achaca un uso inadecuado de los mecanismos de quejas de la OIT, y que con su comportamiento busca descalificar procedimientos administrativos que en Venezuela se cursan contra algunos de sus afiliados por la presunta comisión de delitos comunes, y así evitar las sanciones que la justicia pudiera imponer.