Caracas.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la reforma parcial a la ley del Tribunal Supremo de Justicia que se centró en la ampliación del número de magistrados de la Sala Constitucional.
La Sala se ha convertido en un actor decisivo en la política venezolana al contravenir las decisiones del Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre los poderes.
El Congreso aprobó en el segundo y último debate la reforma a la ley del máximo tribunal, que entre sus novedades destaca la ampliación de siete a 15 el número de magistrados de la Sala Constitucional, que según los adversarios del gobierno, a semejanza que las otras seis salas que integran el Tribunal Supremo, está "copada por adeptos " al gobierno.
Las restantes seis salas -Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Social y Casación Penal- seguirán integradas por cinco jueces, se informó.
El diputado oficialista Edwin Rojas rechazó la reforma y la consideró inconstitucional, bajo el argumento de que "cuando se trata de legislar sobre el Tribunal Supremo de Justicia la iniciativa debe partir del mismo poder judicial".
Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón defendió a nombre de la coalición opositora la reforma legal al asegurar "que tiene base constitucional", y recordó a la bancada oficialista que el ahora fallecido presidente Hugo Chávez promovió en abril del 2004 una ley del Tribunal Supremo para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados y facultar a una mayoría simple de congresistas para remover y designar jueces.
Rondón afirmó que la reforma permitirá a los venezolanos tener " confianza en un Tribunal Supremo que ha insistido en inmiscuirse en el debate político, garantizará la celeridad de las causas y, " contrariamente a lo que estamos viendo, el Tribunal Supremo esté al servicio de todos los venezolanos y no de una parcialidad política".
Desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia -cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas- se ha convertido en un actor decisivo en la política venezolana.
Entre enero y marzo, el Tribunal Supremo suspendió la designación que hizo el Congreso de tres diputados opositores, declaró vigente el decreto de emergencia económica planteado por el presidente Nicolás Maduro que fue rechazado por la mayoría opositora y limitó las funciones del Legislativo para citar a los funcionarios civiles y militares
Además dejó sin efecto la revisión de las designaciones de 13 magistrados que la Asamblea Nacional saliente, dominada por el oficialismo, aprobó contrarreloj el 23 de diciembre por mayoría simple luego de la aplastante derrota electoral sufrida en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015.
La oposición ha denunciado que el oficialismo presionó la jubilación adelantada de 13 de 32 magistrados del máximo tribunal del país para asegurar el control de esa instancia.
El 1 de abril pasado, el Tribunal Supremo también declaró inconstitucional una reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela que dejaba sin efecto las facultades que el anterior Legislativo le otorgó a Maduro.
La reforma parcial de la ley Banco Central le daba al Congreso la posibilidad de nombrar a dos de los cinco directivos del Banco Central, restituía la labor contralora del Legislativo y revertía las normas que limitaban el envío de informaciones estadísticas a los diputados.