Ciudad del Vaticano
El Vaticano lanzó este viernes una verdadera ofensiva contra los "graves límites" y "las anomalías" del informe de la ONU que acusa a la milenaria institución de encubrir por décadas la pederastia de los curas en numerosos países.
Para el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, el informe de la ONU ha sido inspirado por organizaciones no gubernamentales con prejuicios negativos hacia la Santa Sede y sus posiciones.
"La manera con que ha sido presentado, las objeciones y la insistencia sobre varios casos en particular dejan pensar que se ha dado mucha atención a la visión de organizaciones no gubernamentales, a priori hostiles contra la Iglesia católica, la Santa Sede y sus posiciones", declaró Lombardi a Radio Vaticano.
El religioso indica indirectamente a la asociación de víctimas de curas pedófilos SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), la cual pide desde hace años que los culpables sean castigados.
"Es una reacción típica de esas organizaciones que no quieren reconocer todo lo que ha hecho la Santa Sede y la Iglesia en los últimos años al admitir sus propios errores, renovar normas y desarrollar medidas de formación y prevención", recalcó Lombardi.
Para el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, el Vaticano adoptó políticas que permitieron que sacerdotes acosaran y abusaran por años de miles de menores de edad, favoreciendo también la impunidad de los culpables y pide que se abran los archivos sobre los pedófilos y los obispos que los protegieron.
Para Lombardi, el comité de la ONU no tuvo en cuenta las respuestas escritas y orales que los representantes de la Santa Sede presentaron sobre ese tema.
Para la llamada "excomunión mediática" de la ONU, el Vaticano movilizó a la prensa católica, -diarios, emisoras y programas de televisión italianos-, que tildaron las acusaciones de "injustas", inexactas, confusas y desconcertantes".
El único que ha evitado pronunciarse personalmente hasta ahora ha sido el papa Francisco, quien al parecer responde con hechos más que con palabras.
El Pontífice avaló este jueves el proceso de "purificación" y "renovación" del movimiento ultraconservador Legionarios de Cristo, fundado por el mexicano Marcial Maciel en 1941 y emblema de esos horrores, por haber abusado de seminaristas y hasta de sus propios hijos y haber gozado por décadas de la protección de la Santa Sede.
Al autorizar la elección de nuevos dirigentes después del "mea culpa" pronunciado por el movimiento, que estaba bajo las órdenes de un comisario, el Papa indica la línea que adoptará.
El mismo día la Congregación para la Doctrina de la Fe anunció la apertura de una investigación sobre el obispo chileno Cristián Contreras, a cargo de la diócesis de la ciudad de San Felipe (centro), por supuestos abusos sexuales.
La investigación también alcanza al sacerdote chileno Mariano Labarca, exsuperior a nivel mundial de la orden de los Mercedarios -de la cual también es parte Contreras- y a quien el Vaticano ordenó en mayo pasado dejar sus funciones como párroco de una iglesia en Colombia debido a denuncias en su contra por abusos.
La petición de perdón colectivo de los legionarios, la ruptura con Maciel y su herencia, la apertura de investigaciones, forman parte de la línea de "tolerancia cero" que la jerarquía de la Iglesia ha pretendido adoptar en los últimos años.
"En los últimos diez años ha habido un cambio de actitud", sostiene el veterano vaticanista Luigi Accatoli en el diario Il Corriere della Sera.
Aunque los datos sobre el alcance del fenómeno dentro de la Iglesia no son públicos, la jerarquía de la Santa Sede, respetando el deseo de limpieza, ha retirado a varios sacerdotes condenados, así como a obispos acusados de encubrimiento, entre ellos varios de Irlanda, uno de los países más afectados.
Para Lombardi, "es grave" que no se haya comprendido "la naturaleza específica de la Santa Sede", ya que es "una realidad diferente a la del resto de los Estados".
Según la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 2011 y 2012, bajo Benedicto XVI, unos 400 sacerdotes perdieron su condición de curas - la pena más grave del derecho canónico - por abuso de menores.
En los últimos tres años, cerca de 600 casos han sido denunciados anualmente, la mayoría por abusos cometidos entre 1965 a 1985.
Después de la racha de escándalos que se desataron en medio mundo en el 2010, el Vaticano estableció reglas nuevas que instruían a los obispos a denunciar los casos de abuso a la policía local, según la ley de cada país.