Túnez. EFE. El depuesto presidente tunecino Zine el-Abidine Ben Alí fue sentenciado ayer en rebeldía a 15 años y seis meses de cárcel por posesión ilegal de armas y estupefacientes por un tribunal penal de primera instancia en Túnez.
La fiscala tunecina Radia Nasrawi dijo que Ben Alí, además, tendrá que pagar 108.000 dinares tunecinos (unos 52.000 euros) como parte de la sentencia.
El tribunal se basó en el hallazgo de armas y drogas, así como tesoros arqueológicos, en el palacio de Ben Alí en Cartago.
Esta es la segunda sentencia que se emite contra el exmandatario quien el 14 de febrero huyó a Arabia Saudí donde se refugia desde ese día junto a su familia.
Ben Alí ya había sido condenado el 20 de junio, en el primer proceso abierto contra él, a 35 años de cárcel por malversación de fondos públicos.
La mujer de Ben Alí, Leila Trabelsi, fue sentenciada junto a su marido en ese primer proceso contra él a otros 35 años de cárcel y a pagar 45 millones de euros.
Al comienzo de la sesión, el abogado de Ben Alí, Hosni Beji, había solicitado al juez del tribunal un aplazamiento para preparar mejor la defensa de su cliente y tratar de convencer al depuesto presidente de que regresara a Túnez.
El juez se negó a posponer el arranque del juicio, cuya sesión inaugural se había previsto para el 30 de junio. En esa oportunidad, la sesión se trasladó debido a una huelga de magistrados que forzó a escoger otra fecha que fue ayer.
Antes de dar el veredicto, Ben Alí, por medio su abogado libanés Akram Azouri, rechazó el proceso calificándolo de “inexistente” y denunció una “calumnia política”.
El depuesto presidente gobernó Túnez durante 23 años hasta que revueltas populares de diciembre en su país lo obligaron a abandonar Túnez. Actualmente, el político tiene pendiente responder a casi un centenar de cargos adicionales.
Entre otros cargos que se le atribuyen, se incluyen homicidio, abuso del poder y complot contra la seguridad del Estado. Todos estos procesos serán juzgados por tribunales militares de Túnez.
Además, su presencia ha sido reclamada en los tribunales de numerosas ciudades del país, entre ellas Sousse, Monastir, La Manouba, Gabes, Ariana, Sidi Bouzid y Gafsa.
Los cargos que se le imputan ante la Justicia Civil van desde la corrupción hasta lavado de dinero, pasando por la malversación de fondos y otros delitos.