Roma. EFE. El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi celebró ayer su absolución por el caso Ruby y dijo estar listo parado para regresar a la política con la meta de reunificar la fragmentada centroderecha italiana, aunque tendrá que hacerlo, con la vista puesta en otros procesos judiciales aún abiertos.
El Tribunal Supremo dio el carpetazo definitivo al que quizás sea su juicio más humillante: el conocido como caso Ruby, por el que llegó a ser condenado en primera instancia a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para cargo público por incitación a la prostitución infantil y abuso de poder.
Fue absuelto en julio del 2014 por el Tribunal de Apelación de Milán (norte) y los fiscales que ejercían la acusación decidieron llevar el caso a la alta corte, que el martes quitó un enorme peso a Berlusconi, absolviéndolo tras casi cinco años de agonía.
El tahúr conservador, de 78 años, festejó el fallo y alabó la labor de los magistrados, que “no se han dejado influir por la presión mediática”, una loa impropia de él, quien denunció en múltiples ocasiones la supuesta “persecución” por parte de los jueces.
Ahora se manifestó dispuesto a volver a la primera línea política en pro de “una Italia mejor, más justa y más fuerte”.
En este sentido, su labor más inmediata es la de unificar y reorganizar a toda la centroderecha italiana, hecha trizas después de años de sentencias, revelaciones e idas y venidas judiciales de su histórico dirigente.
Su partido, Forza Italia (FI), está marcado por profundas divisiones y sigue relegado como tercera fuerza a tenor de los resultados de las últimas elecciones europeas, en el 2014, cuando no logró más de el 17 % de votos.
Esa crisis se ha hecho tan patente que el propio primer ministro, Matteo Renzi, llegó a menospreciar a FI durante las consultas para la elección del jefe del Estado, una de las citas políticas más importantes del año.
La autoridad del magnate ha quedado en entredicho y en el seno de su formación, con la que debutó en política allá por 1994, han aflorado una serie de prohombres que no dudan en llevarle abiertamente la contraria, como el expresidente de la Apulia, Raffaele Fitto.
Berlusconi podrá tomar las riendas de la centroderecha italiana, pero tendrá que hacerlo como líder virtual, dado que se encuentra inhabilitado por la “Ley Severino” (2012), que prohíbe ejercer cargo público alguno durante seis años a quien haya sido condenado en firme con penas de dos años.
Es el caso del líder, condenado a cuatro años de reclusión (rebajados a uno por una ley de indultos) y dos de inhabilitación por haber defraudado al fisco, una pena que acaba de cumplir con diez meses de servicios a la comunidad.
Por esta razón no pudo concurrir a las elecciones europeas del pasado año, que derivaron en un sonoro descalabro de su FI.
Berlusconi ha denunciado en múltiples foros el hecho de que la normativa haya sido aplicada en su caso de manera retroactiva y ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asesorado por la exministra española y abogada Ana Palacio.
No obstante, el Caimán, como se le conoce en Italia, respira ahora aliviado, aunque en su horizonte más próximo se vislumbran otros escollos judiciales que aún permanecen abiertos.
Desde enero, Berlusconi y sus abogados Niccolò Ghedini y Piero Longo están siendo investigados por corrupción en acto judicial al haber podido inducir a sus testigos a prestar falso testimonio.
Un proceso conocido como “Ruby Ter” y que deriva de otro en el que fueron condenados por proxenetismo el periodista Emilio Fede, el representante de artistas Lele Mora y la política y actriz Nicole Minetti.
Además, el líder conservador está imputado junto al hombre de negocios Valter Lavitola por haber inducido al falso testimonio al empresario Giampaolo Tarantini para que mintiera sobre las prostitutas que llevaba a sus fiestas entre el 2008 y el 2009.
También comparte imputación con Lavitola en el caso llevado por el Tribunal de Nápoles y que estudia el presunto soborno de un senador por parte del magnate para hacer caer en el 2008 al gobierno del socialdemócrata Romano Prodi.
Asimismo, el 31 de marzo el Supremo deberá valorar el recurso presentado por el ex primer ministro junto a su hermano Paolo para pedir la plena absolución por el caso “Unipol”.
Este proceso se remonta al año 2005, cuando el periódico de su hermano, Il Giornale , publicó una conversación telefónica entre el presidente de la aseguradora Unipol, Giovanni Consorte, y el actual alcalde de Turín, Piero Fassino, sobre el supuesto intento de ambos de hacerse con el control de Banca Nazionale del Lavoro.
El caso prescribió durante la segunda instancia pero los hermanos Berlusconi fueron condenados a pagar a Fassino la suma de 80.000 euros, que ahora quieren ahorrarse.