El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi recurrió a la corte europea de derechos humanos en un esfuerzo por evitarse una prohibición de ocupar cargos públicos y otros castigos, luego de haber sido declarado culpable de fraude fiscal.
El también magnate de los medios fue declarado culpable de inflar artificialmente las sumas que su imperio Mediaset pagó por derechos de películas con el fin de reducir la responsabilidad fiscal de la compañía.
Berlusconi dice que es una víctima inocente de magistrados que simpatizan con la izquierda, pero el máximo tribunal de lo penal en Italia ratificó el veredicto el mes pasado.
Su principal asesor, Angelino Alfano, dijo que la petición al tribunal en Estrasburgo, Francia, “muestra que el caso Berlusconi no está cerrado”.
Alfano no dijo cuándo ni sobre qué bases fue presentada la apelación. Pero “realmente confiamos en que, a nivel europeo, podemos lograr un veredicto de inocencia que hasta ahora no ha sido posible en Italia”.
El Tribunal de Casación de Italia confirmó la sentencia a cuatro años de prisión — aunque es improbable que Berlusconi realmente sea encarcelado — y ordenó además que un tribunal de Milán determine la duración de una suspensión para ocupar cargos públicos de uno a tres años.
Un panel del Senado comienza a discutir formalmente el lunes si Berlusconi debe renunciar a su escaño.
Esa deliberación no está basada en la suspensión ordenada por la corte, sino por una ley del 2012 que dice que personas sentenciadas a más de dos años de prisión no pueden ocupar cargos públicos por seis años.
El presidente del panel del Senado insistió en que sus labores continuarán sin esperar una decisión de Estrasburgo.
“¿Qué hacemos si a la corte le toma 10 años evaluar” la apelación de Berlusconi?, se preguntó Dario Stefano, un senador izquierdista, en declaraciones al diario romano Il Messaggero.
“Pienso que la ley nos obliga a votar” ahora sobre si el ex primer ministro pierde su escaño.
A la larga, el Senado en pleno votará sobre el asunto.
Los abogados de Berlusconi han dicho que, como el fraude fiscal ocurrió muchos años antes de que la ley entrase en vigor, el magnate no debería ser expulsado del Parlamento.
La corte de derechos humanos rechaza la mayoría de los pedidos, pero si decide tomar el caso y falla en favor de Berlusconi, Italia debe aceptar el veredicto, pues las decisiones son obligatorias para los 47 miembros del Consejo de Europa.