Ankara
El Parlamento de Turquía inicia este martes un debate sobre una enmienda constitucional, promovida por el partido del Gobierno, el islamista AKP, para despojar a algunos diputados de su inmunidad.
La modificación propuesta afectará sobre todo a los diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), de orientación izquierdista y prokurda, dado que muchos de ellos tienen pendientes acusaciones de vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda.
Los otros dos partidos de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el derechista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) , han anunciado que respaldarán la enmienda.
Pero no es seguro que todos sus diputados mantengan la disciplina del partido en la votación, que es secreta y que de todas formas debe repetirse una segunda vez el viernes, para confirmar el resultado.
Una enmienda constitucional necesita una mayoría de dos tercios, es decir, de 367 votos, pero el AKP sólo dispone de 317 escaños, y tampoco puede alcanzar esta cifra con el respaldo de los 40 diputados del MHP.
"No creo que más de cinco o seis diputados del CHP vayan a votar a favor, aunque el presidente del partido lo haya pedido", dijo un alto cargo de la formación socialdemócrata, que pidió el anonimato.
"Pienso que también algunos diputados del AKP y el MHP van a votar en contra, por lo que no será fácil que la enmienda se apruebe", agregó este político.
Dado que el HDP se opone a la enmienda, que considera una maniobra para acabar con su presencia en el hemiciclo y silenciar sus posturas políticas, el AKP necesitaría al menos 12 votos del CHP, incluso si el MHP mantiene la disciplina.
El texto propone despojar de su inmunidad a todos los parlamentarios sujetos a una investigación criminal, lo que afectaría a 45 de los 59 diputados del HDP, pero también a 25 del AKP, a 51 del CHP y a 7 del MHP, por lo que es posible que al menos los afectados voten en contra.
Si la enmienda cosecha más de 330 votos a favor pero menos de 367, el Parlamento puede convocar un referéndum para someter la propuesta a la aprobación popular.