Mayorca, España
La infanta Cristina, hija menor del rey de España, tomó distancias con las actividades fraudulentas atribuidas a su marido, Iñaki Urdangarin, ante el juez que la interrogaba este sábado en el marco de un escándalo que sacudió a la monarquía.
Cristina, de 48 años, había llegado en un automóvil negro poco antes de las diez de la mañana (hora de España) al tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde el juez José Castro instruye desde julio del 2010 el conocido como 'caso Nóos'.
Sobriamente vestida con pantalón oscuro, camisa blanca y chaqueta negra, se bajó del vehículo aparentemente tranquila y saludó sonriente a fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo antes de entrar en el juzgado para una cita histórica: el interrogatorio del primer miembro de la familia real jamás imputado por la justicia española.
El juez Castro busca determinar si Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, cooperó en las presuntas actividades delictivas de Urdangarin, sospechoso junto a un exsocio de malversar 6,1 millones de euros ($8,3 millones) entre el 2004 y el 2006 mediante una sociedad sin ánimo de lucro denominada Instituto Nóos.
Sentada en un sillón de terciopelo rojo, en una sala presidida por el retrato del jefe del Estado, su padre, la infanta respondió ante él durante dos horas las preguntas relacionadas con el caso.
"El 95% de las respuestas que da son evasivas", declaró a los periodistas, a la puerta del tribunal, Manuel Delgado, abogado de la asociación de izquierdas Frente Cívico "Somos Mayoría", durante un receso.
“Castro hizo preguntas muy rigurosas a la infanta, imputada por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, pero ella estuvo serena y tranquila y bien preparada", agregó.
Según el líder, la infanta intentó no reconocer hechos que la comprometan.
"Ejerció su derecho a no decir una verdad que la comprometa, alegando simplemente que tenía mucha confianza en su marido", precisó.
Alejados del tribunal por un cordón policial, un grupo de manifestantes, que enarbolaban la bandera republicana roja, amarilla y morada, se había congregado con pancartas en las que podía leerse "Sangre real = justicia irreal" o "La ley es igual para todos".
"Para nosotros el juez Castro es uno de los grandes de España. Es el único que está haciendo justicia para los españoles", decía Andrés Rodríguez, un conductor de autobús de 35 años.
Tras meses de trabajo, el juez Castro imputó a la infanta el 7 de enero en un detallado legajo de 227 páginas que cayó como una bomba: protegida durante mucho tiempo pero ahora cercada por los escándalos, la monarquía española descubrió que ya no es intocable.
A sus 76 años, y 38 de reinado, el rey Juan Carlos da la imagen de un rey cansado, necesitado de muletas tras varias operaciones de cadera.
El deterioro de su imagen se inició con la imputación de Urdangarin en el 2011 y se agravó con una costosa escapada a Botsuana para cazar elefantes en el 2012, que indignó a una España golpeada por la crisis.
Hasta el punto de que actualmente ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que a sus 46 años encarna la esperanza de la Corona.
"El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", explicaba Ana Romero, periodista del diario El Mundo.
En mayo el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, había logrado anular una primera imputación de la infanta por tráfico de influencias.
Fue entonces cuando el juez se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo, que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad que fundó junto con su marido, y a cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado.
La contabilidad de Aizóon puso al descubierto gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros, que Castro recogió en una acusación llena de referencias a facturas sospechosas.
Tras la comparecencia de este sábado, debería cerrarse rápidamente la instrucción y decidir si se abre juicio y contra quiénes.