Dublín. EFE. Los partidos norirlandeses evitaron el martes el colapso del Gobierno autónomo de Belfast, de poder compartido entre protestantes y católicos, al lograr un acuerdo para atajar la amenaza de los paramilitares y adoptar una política presupuestaria común.
La unificación de sus posiciones en materia económica debería, además, llevar a las cinco formaciones que componen el Ejecutivo autónomo a concluir la reforma del sistema de bienestar social que reclama insistentemente el Gobierno británico. Este considera que Irlanda del Norte necesita aplicar recortes y medidas de austeridad como el resto del Reino Unido.
La ministra británica para la región, Theresa Villiers, aseguró al presentar los detalles del acuerdo que este pacto, fruto de diez semanas de intensas negociaciones, puede ofrecer una “base sostenible” para encauzar “las finanzas” de la región, lo que “pondría fin a la larga disputa sobre los presupuestos”.
También el ministro principal norirlandés, el protestante Peter Robinson, aseguró que el pacto servirá para reforzar el proceso de paz, mientras que su adjunto en el Gobierno, el exdirigente del Ejército Republicano Irlandés (IRA) Martin McGuinness, indicó que ofrece “una nueva oportunidad”.
Londres amortiguará los efectos de los recortes con un fondo extra de 500 millones de libras (715 millones de euros) que servirá para abordar problemas sociales característicos de cualquier sociedad que ha sufrido un largo conflicto armado.
Asimismo, considerará devolver a Belfast ciertas competencias fiscales para que su Gobierno pueda rebajar el impuesto de sociedades y equipararlo con el de la vecina Irlanda.
“También habrá un nuevo énfasis para combatir a los paramilitares y el crimen organizado y una declaración inequívoca de que tales actividades no serán toleradas”, expresó Villiers, quien estuvo acompañada por el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Charlie Flanagan.
El jefe de la diplomacia del Gobierno de Dublín, que también ha participado en las conversaciones con los partidos, celebró que estas se hayan comprometido a trabajar juntas para lograr la “disolución” de los grupos paramilitares y acabar con la influencia que mantienen sobre sus respectivas comunidades.
Este proceso será examinado periódicamente por un organismo independiente internacional, según confirmó el ministro irlandés.
Esta nueva crisis empezó después de que fuese asesinado en agosto Kevin McGuigan , exmiembro del IRA, en un acto que la Policía autónoma vinculó con una presunta actividad del grupo terrorista, lo que motivó una fuerte reacción de las formaciones unionistas-protestantes, partidarias de que la provincia siga formando parte del Reino Unido.
No obstante, las relaciones entre las formaciones ya eran tensas desde que el Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA y principal representante de la comunidad católica-nacionalista, retiró en marzo su apoyo al plan de reforma del sistema de bienestar social, después de aceptarlo en otro acuerdo firmado en diciembre de 2014.
En protesta por la situación, el ministro principal norirlandés y líder del mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), Peter Robinson, abandonó temporalmente su cargo en setiembre , un paso que también dieron tres de sus cuatro ministros en el Ejecutivo de Belfast.