Madrid. AFP. La controvertida reforma del Gobierno conservador español que suprimía casi totalmente el derecho al aborto, criticada por la izquierda y la derecha, dentro y fuera de España, fue retirada y precipitó la inmediata dimisión de su artífice, el ministro de Justicia.
Fue el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, quien ante los micrófonos de los periodistas, en un acto oficial, anunció la retirada del polémico texto.
“En este momento, yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata”, afirmó, al reconocer los desacuerdos. “Lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno la cambia al medio minuto”, manifestó
Gran promesa electoral del Partido Popular (PP, conservador) antes de llegar al poder a finales del 2011, la reforma ya había sido aplazada en varias ocasiones.
El responsable del texto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de 55 años, representante del ala más conservadora del Partido, presentó su renuncia al cargo y a la política tras 30 años de carrera, ocho de ellos como alcalde de Madrid (2003-2011).
“Es mi obligación reconocer que no he tenido la capacidad para convertir este anteproyecto de ley en proyecto”, declaró.
Al grito de “¡Aborto libre!”, millares de personas se habían manifestado en febrero en España , secundados por protestas en otros países europeos como Francia o Gran Bretaña contra el anteproyecto de Gallardón.
El Ejecutivo lo había aprobado en diciembre para reemplazar la ley del 2010, aprobada bajo el anterior gobierno socialista, que autoriza el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y, en caso de malformación del feto, hasta las 22.
La reforma solo permitía interrumpir el embarazo cuando dos médicos certificasen riesgo para la vida o la salud de la madre, o en caso de violaciónl si había denuncia.
Aplaudido por la Iglesia católica española como un “avance positivo”, el texto no permitía el aborto en caso de malformación del feto, lo que llevó a varias figuras del PP a lanzar duras críticas.
Rajoy precisó, sin embargo, que contempla modificar el más polémico aspecto de la ley del 2010: el hecho que las jóvenes de 16 o 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres.