Barcelona
El Gobierno independentista catalán, encabezado por su presidente Carles Puigdemont, firmó este miércoles el decreto de convocatoria de un referendo de autodeterminación en esta región española para el 1 de octubre.
"Se convoca el referendo de autodeterminación de Cataluña, que tendrá lugar el 1 de octubre, de acuerdo con la ley 19/2017 del 6 de setiembre", aprobada horas antes por el parlamento regional de mayoría independentista, se podía leer en el decreto, cuya foto fue publicada por Puigdemont en Twitter.
El texto, que abre una grave crisis con el Gobierno central de Madrid, fue firmado por Puigdemont y todos los miembros de su gabinete, en un gesto de unidad frente a las amenazas de acciones legales contra los convocantes de una consulta considerada ilegal por la justicia española.
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El Gobierno regional busca preguntar a los catalanes si quieren que esta región de 7,5 millones de habitantes se convierta en un "Estado independiente en forma de república".
La ley aprobada este miércoles, a pesar del furibundo rechazo de la mayor parte de la oposición que abandonó el hemiciclo durante la votación, define la ciudadanía catalana como "un sujeto político soberano" y establece que en caso de victoria separatista, la independencia será declarada en 48 horas.
"Cataluña es un pueblo que tiene derecho a su propia autodeterminación", defendió Puigdemont durante el maratónico debate parlamentario, lleno de reproches, abucheos e interrupciones.
Para cumplir su promesa, deberá superar el contraataque jurídico desplegado por el Gobierno español, que la rechaza de plano reiterando que es inconstitucional, tal y como lo determinó la justicia.
Se espera que el Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy impugne la ley que permitió el referendo ante el Tribunal Constitucional.
Caotica sesión
Antiguo símbolo de la represión de la monarquía española, el palacio que alberga el parlamento de Cataluña fue escenario de una crispada y caótica sesión, al término de la cual se adoptó la polémica ley con la que se pretende cambiar la historia de esta región española.
Entre las gruesas paredes del antiguo recinto militar, construido por el rey español Felipe V para controlar la ciudad que se había rebelado contra él en la Guerra de Sucesión (1701-1715), los independentistas aprobaron la ley.
Broncas, reproches, abucheos y encendidos debates marcaron la jornada, calificada como histórica por el separatismo y de "vergüenza democrática" por el Gobierno español de Mariano Rajoy.
"Es la sesión más dura y bronca que recuerdo", señalaba un empleado de la cámara con más de una década de experiencia sobre el ambiente en la sala de sesiones, clausurada durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), marcada por la represión hacia Cataluña.
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"Entra dentro de lo previsto. Esto es como una escalada. Estamos en el último campamento antes de subir al Everest, la tensión aumenta y cada vez hay menos oxígeno", explicó el exdiputado ecologista e independentista David Companyon en la zona de invitados.
En la agenda figuraba como una plenaria de rutina. Pero los numerosos platós televisivos y estudios radiofónicos instalados en los pasillos, la elevada afluencia de invitados y la tensión que se respiraba en el ambiente denotaban lo contrario.
Al inicio del debate, en un silencio sepulcral, la coalición de gobierno reclamó alterar el orden del pleno para votar esta ley, concediendo sólo dos horas a la oposición para presentar enmiendas.
La oposición se amotinó –"es un atropello a los diputados", "nos pisotean los derechos"– y a través de varios recursos y artimañas legales consiguió detener en varias ocasiones la sesión.
"Es vergonzoso", decía airado un diputado en un corrillo tras una de las muchas reuniones con los dirigentes independentistas de la cámara.
"Lo van a aprobar porque son mayoría, pero no servirá de nada, el Estado lo suspenderá", añadía otra.
En el pleno, suspendido en varias ocasiones, la tensión era evidente: "Vamos a votar, vamos a votar" gritaba la presidenta del parlamento, Carme Forcadell, ante las múltiples interrupciones y el griterío de la oposición.
La líder de la oposición Inés Arrimadas se llevaba las manos a la cabeza, diputados le pedían a gritos a Forcadell el uso de la palabra, comentarios como "qué inquisición", recriminaciones cruzadas entre pasillos...
"Esperpéntico", resumía la diputada conservadora Andrea Levy, del mismo partido que Rajoy. "Para ser un día que para los independentistas tenía que ser histórico, han creado un buen caos".
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Mientras, a las afueras del parlamento, el apacible parque de la Ciutadella parecía ajeno a su ajetreo interior: apenas una quincena de ciudadanos seguían los acontecimientos, algunos ilusionados por votar, otros preocupados.
"Es el proceso más antidemocrático de las últimas décadas", lamentaba Nuria Suárez, una activista de 40 años.
"Con un referendo ilegal y sin mínimo de participación quieren declarar la independencia en 48 horas, algo que nos afectará a toda la sociedad y las generaciones futuras".
La jornada histórica del independentismo terminó con sus filas llenas de júbilo y cantando el himno regional de Cataluña frente a una bancada de desolación, con una cuarentena de butacas de terciopelo rojo vacías, solo decoradas por una decena de banderas catalanas y españolas, juntas.